El juez del 'caso Koldo' requisa correos de Baleares y Canarias y cita a la auditora de Transportes

En primer lugar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos ha ordenado a la Guardia Civil, unidad policial investigadora, que intervenga todos los correos electrónicos de los cargos que bajo presidencia de Francina Armengol en Baleares y de Ángel Víctor Torres en Canarias intervinieron en las compras a la empresa instrumental de la trama, Soluciones de Gestión.

La petición nace de la Fiscalía Anticorrupción y persigue recabar el contenido de todos los buzones y carpetas del correo corporativo, entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, del exdirector de Compras que certificó que las mascarillas eran servibles aunque luego ocurrió lo contrario, Antonio Mascaró; y el exdirector general del Servicio de Salud de Baleares, Julio Miguel Fuster, altos cargos ambos de la administración de Armengol con un rol clave en todo aquel proceso de contratación.

Se les requiere, asimismo, «toda la documentación que obra en su poder sobre el contrato» de 3,7 millones de euros en tapabocas a Soluciones de Gestión, material por el que sólo se reclamó a la empresa proveedora cuando el PSOE Balear se preparaba para abandonar el ejecutivo autonómico en junio de 2023. El juez reclama también los emails que intercambiaron los intervinientes en esa reclamación posterior que tuvo su eco en las escuchas del sumario, porque el exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría intentado frenarla.

En el caso de Canarias, se reclaman igualmente «todos los buzones y carpetas» del correo electrónico corporativo de la que era directora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez, y toda la documentación sobre la compra. En este caso fueron cuatro expedientes que sumaron más de 12 millones de euros en tapabocas.

Se trata del primer impulso de la investigación sobre las mascarillas que adquirieron los dos gobiernos regionales y que estaba en manos de la Fiscalía Europea, porque se financiaron en parte con fondos comunitarios. Tras un conflicto de competencias, el Tribunal Supremo dio la potestad a la Audiencia Nacional para asumir toda la investigación, que hasta ahora se centraba en el material que compraron el Ministerio de Transportes a través de sus entidades Puertos del Estado y Adif y el de Interior mediante la Secretaría de Estado de Seguridad.

Por otra parte, el juez cita a una batería de testigos para intentar aclarar a dónde fueron a parar las mascarillas de las que, según la auditoría de los contratos realizada por el actual ministro Óscar Puente, no figura acta de entrega. Suman más de siete millones de euros las unidades compradas con fondos públicos de las que se desconoce, sobre el papel, su destino final. En este sentido, las dos auditoras del informe, las inspectoras Sara Anguita y Ana Balbás, testificarán ante Moreno.

Además, cita para el 21 de octubre al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas, empresa que se encargó del reparto de los tapabocas una vez llegaron de China, porque la conocía el entonces presidente de Puertos del Estado y la recomendó. También a quienes debieron recibir el material: el jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana; y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García.

Asimismo, convoca al director General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, persona de confianza del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Tendrá que comparecer el 14 de octubre. En este caso, la citación obedece a que Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad, testificó que fue el citado comisario quien le indicó el nombre de Soluciones de Gestión como proveedor de mascarillas para este departamento.

Por último, el juez Moreno acuerda a instancias de Anticorrupción requerir a la Agencia Tributaria las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública la empresa Soluciones de Gestión y el investigado Víctor de Aldama, presunto «conseguidor» de la trama, en el ejercicio 2020.