El juez que investiga la 'caja B' de Podemos imputa a tres cargos del partido

Calvente, que asesoraba legalmente a Podemos hasta que fue despedido en diciembre de 2019, declaró en sede judicial el pasado 29 julio que estos supuestos ilícitos se habrían cometido en el contexto de las obras de la sede de Podemos, en la contratación de una agencia para dar seguimiento a la campaña electoral y en el funcionamiento de la caja de solidaridad de la formación, que estaría –según su propia versión– escapando a cualquier tipo de control tributario. Aunque no aportó pruebas concretas.

Su testimonio ha servido como principal motivo para iniciar las diligencias y para que el magistrado cite a los tres altos cargos de Podemos el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados. El juez también ha solicitado al partido numerosa documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.

Los de Iglesias recibieron esta noticia con indignación y arremetieron contra Escalonilla, al que acusaron de haber iniciado una investigación «prospectiva», que «da por supuesta la culpabilidad de los investigados», explicaron fuentes del partido. La formación también ha presentado un escrito ante el juzgado donde pide la «nulidad» de la declaración de Calvente al considerar que no se les ha facilitado la grabación completa. Según apuntan desde Podemos, solo les entregaron «los primeros 41 minutos y 52 segundos» de las más de tres horas y media de testimonio.

Calvente, que con sus últimos movimientos se ha convertido en la bestia negra de los de Iglesias, deberá declarar también el próximo 2 de septiembre en el marco del 'caso Dina', la pieza del 'caso Villarejo' donde se investiga el robo del móvil a la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham.

El exabogado del partido, que tildó el 'caso Dina' de «montaje», acaba de salir, además, indemne de la demanda que le interpuso otra letrada de la formación, Marta Flor, por presunto acoso sexual y laboral –esgrimido como uno de los motivos para su despido– y el pasado 29 de julio,  el mismo día en que declaraba frente a Escalonilla, la magistrada Rosa María Freire archivó provisionalmente la causa.

Mientras tanto, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, cargó este lunes contra la decisión del juez y aseguró que «con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada». Además considera que su objetivo «no es judicial, sino la difamación mediática».

Las reacciones a la noticia tampoco tardaron en llegar por parte del PP, que instó a Iglesias a comparecer para dar explicaciones. «Lo que tiene que responder Pablo Iglesias es si sabía de esa financiación ilegal y para ello no tiene que perder ni un minuto más», exigió, sin respuesta, el secretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos.