El juez imputa a Villar Mir por supuestas donaciones a cambio de las obras del Metro en Madrid

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 les cita a ambos para el próximo 6 de febrero por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias, de acuerdo con el auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press.

El magistrado adopta esta decisión tras la última declaración prestada en sede judicial el 17 de enero por el presunto cerebro de la trama, el constructor David Marjaliza, quien dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid, se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.

Se refirió entonces a unos trabajos adjudicados en 2004 en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

De Egea explica en su auto que de las pesquisas desarrolladas se deduce que Granados, "abusando de su posición" al frente de esta Consejería garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de "importantes comisiones".

En dicho concierto participaría Javier López Madrid que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

En su auto, el juez recuerda que ya se identificó a la constructora OHL como presunto donante del Partido Popular madrileño de acuerdo con las anotaciones recogidas en la agenda intervenida a Granados; hechos que integran la pieza que investiga la presunta financiación irregular de la formación popular en Madrid.

El mismo día de su declaración, Marjaliza aportó nuevas facturas a la causa que se investiga desde 2014 que constatan que López Madrid recibió del constructor la cuantía de dinero que le correspondía, a través de Vancouver Gestión SL. Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía relaciones mercantiles que en realidad no existían entre dicha sociedad, vinculada a David Marjaliza, y la de Javier López Madrid (Financiera Siacapital).

Las intervenciones telefónicas permiten revelar que Jesús Trabada, exconsejero delegado de la empresa pública Mintra -ya extinta- constituyó la empresa Bustren que se capitalizó presuntamente con dinero de procedencia ilícita aportado por él mismo, por López Madrid y por Granados. Mintra fue la entidad a través desde donde se adjudicaron los contratos licitados para la construcción determinadas líneas de metro, de acuerdo con el auto del juez.

En su auto de citación, el juez recuerda los correos cruzados en enero de 2011 entre Rafael Martín de Nicolás, que fuera ejecutivo de la constructora de OHL, López Madrid e Ignacio Palacios, entonces consejero de Arpegio, de cara a que la empresa Elsan, perteneciente al Grupo de Villar Mir, resultase adjudicataria de los contratos licitados por Arpegio.

El magistrado cita además a declarar como investigados por los mismo delitos a otras cinco personas, que son Rafael Martín de Nicolás, expresidente de Construcción de Obrascón Huarte Lain (OHL); Jesús Miguel Trabada, exconsejero delegado de Mintra; Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum; Javier Aldavert Piñol, también directivo de Obrum y Ana Isabel Soria Torrecilla, apoderada de la mercantil Waiter Music.

Todos ellos para el día 6 de febrero excepto los dos últimos que están llamados para el día 13 de ese mismo mes junto con José Luis Huerta Valbuena y Edelmiro Galván, ya investigados en la trama liderada por Francisco Granados.

Por su parte, desde OHL defienden que Juan Miguel Villar Mir no ocupa ningún puesto en la constructora en la actualidad y que López Madrid tampoco ostenta ningún cargo directivo en la misma tras haber renunciado a su puesto como consejero en Obrascon Huarte Lain.

Igualmente señalan que el Grupo OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción.

En este contexto afirman que "la totalidad de los procesos de licitación, adjudicación y contratación" de cualquiera de los proyectos han sido ejecutados con la máxima transparencia, de acuerdo a la Ley".