La justicia combate la impunidad al acusar a tres exjefes de ETA por el asesinato de Blanco

García Castellón ha reactivado, a iniciativa de la asociación Dignidad y Justicia, el sumario por el que fueron condenados en su día los integrantes del 'comando Donosti' Javier García Gaztelu 'Txapote' e Irantzu Gallastegi 'Amaia' (el tercero, José Luis Geresta 'Oker' se suicidó) por ejecutar el rapto y asesinato de Blanco. La resolución judicial conocida ayer se traduce en la imputación y la consiguiente citación a declarar de 'Antza' –que ya está hoy fuera de prisión– 'Anboto' y 'Kantauri' por instigar el crimen y no haberlo impedido pudiendo hacerlo desde su jefatura. El magistrado señala también a Ignacio de Gracia Arregi 'Iñaki de Rentería', pero en su caso sí considera los delitos prescritos ya.

El movimiento de García Castellón llega después de que los servicios de Información de la Guardia Civil le hayan confirmado que los tres acusados formaban parte del comité ejecutivo de ETA (Zuba) en julio de 1997, cuando la banda terrorista mató al edil popular. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional imputa a los excabecillas terroristas precisamente en aplicación de la denominada 'doctrina Miguel Ángel Blanco'. Este criterio efectúa una novedosa interpretación de la Convención Europea de Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra, que permitiría declarar que las eventuales responsabilidades penales no se extinguen para 430 asesinatos terroristas cometidos en España o contra ciudadanos españoles entre 1990 y 2010.

García Castellón, basándose en el informe de la Guardia Civil, sostiene que los tres jefes de la banda hoy extinta, pese a no ser los ejecutores materiales del asesinato de Blanco, sí tuvieron «una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista». Para el instructor resulta crucial el hecho de que los imputados, como miembros de esa cúpula con poderes decisorios, tuvieron «capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado».

Insiste el magistrado en que los tres investigados, a la vista de los informes de los servicios policiales, ostentaban suficiente «capacidad de mando y de decisión» sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para «evitar el desenlace último del secuestro» al haber podido ordenar al 'comando Donosti' que la dejara en libertad. Como es sabido, y se recuerda singularmente en este 25 aniversario, no lo hicieron. «La acción terrorista que el 'comando Donosti' ejecutó no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del comité ejecutivo de ETA», zanja García Castellón.

Así, el juez cree poder llegar a sentar en el banquillo a 'Kantauri', 'Antza' y 'Anboto' por secuestro y asesinato terrorista a pesar del cuarto de siglo transcurrido. La 'doctrina Miguel Ángel Blanco', obra del abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez, argumenta que cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero reformó el Código Penal lo hizo sin contemplar que el artículo 2.2 de la Convención Europea de Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra de 1974 exigía a los países miembros del Consejo de Europa que aplicaran la no prescripción también de los casos en los que que el plazo para el archivo legal «no había expirado en ese momento». Lo que implicaría poder perseguir ahora la posible impunidad en crímenes cometidos a partir del 24 de diciembre de 1990.