La jueza de Madrid imputa al novio de Díaz Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental

Según la magistrada María Inmaculada Iglesias , González Amador usó un entramado empresarial a su nombre para dejar de tributar cerca de 351.000 euros del Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2020 y 2021. Lo hizo como consecuencia de su mediación con la empresa catalana FCS en un contrato de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. Cobró 1,97 millones por estos servicios. Asimismo, la sección de delitos económicos de la Fiscalía le acusa de presentar una docena de facturas para justificar servicios inexistentes y poder abonar una menor cuota tributaria.

Además de la pareja de Díaz Ayuso -quien llegó a defender la pasada semana en Leganés que su novio no solo no debía nada a Hacienda sino que el organismo estatal le adeudaba 600.000 euros-, el juzgado ha encausado a otras cuatro personas: Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo por los mismos delitos.

En su auto, la juez Iglesias razona que supuestamente, y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias», el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal.

El siguiente paso del juzgado será citar a declarar a los investigados, a las dos inspectoras de la Agencia Tributaria que firmaron el expediente (González Amador tuvo ocho meses para regularizar y no lo hizo) y ofrece a la Abogacía del Estado la personación al tratarse de unos tipos penales que afectan a los intereses públicos. A la presidenta madrileña la noticia le pilló a 10.600 kilómetros de Madrid, en Santiago de Chile, donde asistió a un foro ultraliberal en el que defendió la menor intervención del Estado en la economía.

La resolución de la instructora resume la denuncia de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria. Relata la actuación tributaria de la empresa de González Amador, Maxwell Cremona S. L., radicada en Madrid y dedicada a la consultoría y gestión de servicios de eficacia energética. En mayo de 2022 Hacienda abrió diligencias para comprobar las cuentas de la sociedad «ante su incremento del volumen de negocio» en 2020 y 2021, en plena pandemia, por el citado contrato de mascarillas.

Por ejemplo, en 2017, un año después de su fundación, su facturación fue de 8.045 euros. En 2018 fue de 287.000 euros. En 2019 siguió subiendo y llegó a los 357.000 euros. Pero fue con la llegada del coronavirus hizo que esas cifras se dispararon: 2,3 millones de euros en 2020 y 1,3 millones en 2021.

En esas pesquisas, la AEAT detectó dos conductas fraudulentas: por una parte la 'ingeniera fiscal' realizada para pagar menos cuota del Impuesto de Sociedades y, en segundo término, la deducción «indebida« de gastos por facturas valoradas en 1,7 millones que no se corresponden con servicios realmente prestados. Estos documentos fueron girados por las empresas administradas por el resto de investigados.

Por ejemplo, en 2020 González Amador se dedujo una factura de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mike Manufacturing, pese a que no realizó ningún servicio a la mercantil investigada. Ya en 2021, Maxwell Cremona se dedujo indebidamente otras facturas: una de 922.585 euros emitida el 1 de noviembre de ese año por la sociedad de Costa de Marfil Gayani LTD, administrada por Maximiliano Niederer, y en el resto de meses hasta una decena más que fueron desde los 10.000 hasta los 20.000 euros.

El auto de imputación también recoge que en el ejercicio 2021 la sociedad de González Amador facturó varios servicios a su principal cliente, Quirón Salud, mediante una mercantil interpuesta sin vínculos con la sanidad ni trabajadores: Masterman & Whitaker S. L., de la que también es socio único. A finales de 2020, la empresa principal de González Amador compró esta otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos.

Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la «expansión en Latinoamérica» y el «desarrollo e implantación de la Joint Commission International». Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según Hacienda y la Fiscalía.

La empresa «pantalla» y la mercantil principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, Maxwell Cremona transmitió todas las participaciones de la empresa «pantalla» al propio González Amador. Desde ese momento, se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, »pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas«.

La primera sospecha es que, en realidad, el investigado fue quien trabajó para Quirón y perpetró una «simulación relativa» de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, «originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar».

Así, las acusaciones de la Fiscalía sobre González Amador y la empresa Masterman & Whitaker pasan por considerar que su objetivo era ubicar la carga fiscal en la sociedad que más le convenía, sin corresponderse con la realidad de los trabajos que había hecho para Quirón. El resultado de todo esto, según Hacienda, fueron más facturas falsas. «Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil», zanjan las peritos.