El excomisario Villarejo revela que la Policía espió a Pablo Iglesias

El exmando policial debía acudir este jueves a la Audiencia Nacional para declarar a petición propia sobre los atentados del 11-M. Pero el juez Manuel García Castellón aprovechó la ocasión para interrogarle sobre la pieza que ha abierto en torno al robo de un teléfono móvil propiedad de una asesora del secretario general de Podemos, y cuyo contenido, que incluye información personal de Iglesias y datos estratégicos de la formación morada, acabó publicado, al menos en parte, en un medio digital. El instructor, que mantiene el secreto de sumario, trata ahora de averiguar si Villarejo fue el responsable de sustraer y filtrar lo hallado en ese dispositivo electrónico.

Según detalló José Antonio García Cabrera, abogado del excomisario, su cliente reconoció ante el magistrado que en 2015 se abrió una investigación policial en torno a Podemos y su líder. Estas pesquisas se desarrollaron con el popular Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, a quien desde Podemos y el independentismo se acusa de haber montado «una policía patriótica» para espiar a los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. Al frente de este grupo de agentes estaría, presuntamente, Eugenio Pino, por entonces número dos de la Policía Nacional. Pino fue nombrado director adjunto operativo por Fernández Díaz y está imputado por la 'Operación Kitchen', en la que supuestamente se robó a Luis Bárcenas material comprometido para el PP.

El letrado de Villarejo sostiene que su cliente solo «vehiculó» en el ámbito policial la operación en torno al teléfono robado y que, en ningún caso, fue el responsable de la orden que la puso en marcha la actuación policial. El excomisario no dio detalles sobre quién pudo darla, pero es a él a quien se le decomisó el 'pendrive' en el que se almacenaron los datos del móvil robado.

El teléfono sustraído pertenecía a Dina Bousselham, asesora de Iglesias durante la etapa en que éste ejerció como eurodiputado y actual miembro de la gestora de Podemos que dirige el partido en la Comunidad de Madrid.

El robo ocurrió a finales de 2015 en Madrid. En julio de 2016, parte del contenido del dispositivo fue publicado. Entre los mensajes privados que se difundieron figuraba uno en el que el líder de Podemos aseguraba que «azotaría» hasta que sangrase a una popular presentadora de televisión, lo que le acarreó un alud de críticas machistas a un Iglesias que salió a pedir disculpas de inmediato.

Antes que esas filtraciones, ya había salido a la luz el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). En el documento, cuya autoría se desconoce pero que desde Podemos se atribuye a «las cloacas del Estado» -como se denomina en el partido a la 'policía patriótica'- se acusa a la formación morada de financiarse irregularmente con fondos provenientes de Venezuela e Irán. Los tribunales descartaron en distintas ocasiones investigar al respecto, pero el apócrifo informe PISA, también fue publicado y se ha convertido en un arma recurrente de PP y Ciudadanos para arremeter contra Podemos.

A raíz del hallazgo del 'pendrive' con el contenido del teléfono de Bousselham, el juez García Castellón ofreció a Iglesias personarse como acusación particular en la pieza separada recién abierta, algo que el secretario general de Podemos aceptó el miércoles tras declarar por espacio de media hora en la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que la baza por la que ha apostado Podemos tras el regreso de su candidato a la primera línea política pasa por denunciar una trama de empresarios poderosos y policías que manda con más poder que cualquier diputado y quiere evitar que gobierne la izquierda.

Rafa Mayoral, uno de los dirigentes de Podemos más próximos a Iglesias, denunció ayer que «hay una complicidad entre el poder económico, entre las cloacas del Estado y algunos sectores del poder mediático que les han hecho de voceros para intentar acabar con la disidencia política en este país». La confesión de Villarejo acrecienta estas sospechas, si bien no es la primera vez que el excomisario testifica en un sentido u en otro para aliviar su complicado futuro procesal.