El juez elige a la unidad policial del 'caso Koldo' para investigar las actividades de Begoña Gómez

El juez se dirigió la semana pasada a esta unidad especializada en la lucha contra la corrupción para que se encargara de las diligencias como policía judicial. La UCO es el mismo grupo que está investigando el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, que salpica al Gobierno por las presuntas comisiones irregulares en la adjudicación de varios contratos de mascarillas en pandemia, o la 'operación Brody' que afecta a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF).

En suma, el juez Peinado se decanta ahora también por los agentes del instituto armado en detrimento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que suele ser el otro grupo competente para investigar este tipo de hechos denunciados.

La UCO, por lo tanto, será quien reciba las órdenes del instructor para llevar a cabo las diligencias que estime oportunas. Con la salvedad, eso sí, de que al haberse declarado secretas las actuaciones solo el juez Peinado y la Fiscalía de Madrid tendrán acceso al resultado de sus pesquisas. La primera decisión que tendrá que tomar el magistrado será decidir si, tal y como reclamó la semana pasada Manos Limpias, reclama a la Moncloa los teléfonos de Begoña Gómez para conocer sus conversaciones con los empresarios a los que asesoró.

En concreto, el escrito de los denunciantes pretende acceder a las terminales de la mujer de Sánchez y examinar «la lista de llamadas» de esos teléfonos «para verificar sus comunicaciones con miembros del Gobierno marroquí», la SEPI, Air Europa y los empresarios Carlos Barrabés -a quien Gómez habría avalado por carta en adjudicaciones públicas que sumaron diez millones de euros-, Víctor de Aldama, el comisionista imputado en el citado «caso Koldo», y el CEO de Globalia Javier Hidalgo, con quien se habría reunido mientras se sustanciaba el rescate a Air Europa, compañía bandera del grupo, con más de 474 millones de dinero público por los efectos de la pandemia.

Además, el colectivo dirigido por Miguel Bernad, a quien el Tribunal Supremo absolvió en marzo pasado de los delitos de extorsión y estafa por los que fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años de cárcel, solicitó al instructor que reclame el listado de entidades privadas y públicas con las que Begoña Gómez, que no está imputada por ahora por estos hechos en las diligencias incoadas por el juzgado, «ha tenido relación a través de IE África Center (proyecto social del Instituto de Empresa)», del que fue directora.

En paralelo, la Fiscalía de Madrid ya presentó un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial en la que solicitaba que revocará el auto por el que Peinado aceptó la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez y archivara la causa por no haber indicios de delito en los hechos relatados por el pseudosindicato.

Hasta el juzgado de Peinado ha llegado también una querella del colectivo provida Hazte Oír por presunto tráfico de influencias contra Gómez, que según el colectivo «se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades», algo para lo que habría aprovechado su presencia como «miembro del sequito de acompañamiento del presidente en varios viajes oficiales».

«Lo más destacado es que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó dos contratos al Grupo Barrabés, y en los expediente de adjudicación constaban dos cartas de recomendación/aval de Begoña Gómez», señala la querella. En el primero, en julio de 2020 por 7,7 millones de euros, Barrabés resultó adjudicatario a través de una UTE (unión temporal de empresas) con la escuela de negocios The Valley. Llama la atención, según la asociación, que solo el primer lote suponía el 60% de la facturación anual de Barrabés en todo el ejercicio anterior.

El segundo contrato se adjudicó en agosto de 2021 por 4,4 millones de euros e incluía una «declaración de interés» de Begoña Gómez «firmada de su puño y letra» dirigida a la mesa de contratación. La UTE se impuso al resto de ofertas «por un ajustadísimo margen», señalaba Hazte Oír, para la que «el peso de las cartas de apoyo en los expedientes de licitación fue valorado por la mesa de contratación en el apartado subjetivo de los concursos, con un peso del 40% de la puntuación final».

Lejos de parecer una petición descabellada, la intervención de los teléfonos de Begoña Gómez, en caso de confirmarse, queda bajo el secreto del sumario decretado por el juez Peinado. Esta decisión es especialmente importante, ya que la finalidad del secreto es «prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso». No obstante, los juristas consultados ponen el acento en que la entrada y registro en la Moncloa o la intervención de algún teléfono parece una medida desproporcionada, porque el delito denunciado tiene una pena de entre seis meses y dos años, es decir, no es grave.