El juez desarma el montaje al ecologista detenido con 40 gramos de droga

La incautación se produjo en un control rutinario tras ser avisados los agentes desde una cabina por una persona anónima que quería involucrar a Clavero en la comisión de un delito. Su objetivo sería desacreditarlo y evitar así las múltiples denuncias del detenido contra el cierre ilegal de caminos públicos en la Sierra de Cádiz, sujetos a intereses especulativos y de grandes propietarios de la zona.

En un auto firmado el pasado 6 de septiembre pero conocido hoy, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique decretó el sobreseimiento provisional de la causa por un delito contra la salud pública. El juez Javier de Lemus detalla que "existen elementos de juicio que llevan a concluir que el investigado no resulta autor de los hechos que se están investigando, y que muy al contrario de lo que parece en un primer momento, puede ser víctima de actuaciones malintencionadas por parte de terceros, que pretenden alejar al mismo de sus actividades habituales, involucrándolo en un delito del que no existe indicio alguno que permita conducir a su imputación".

El auto de cuatro páginas relaciona esta trampa con la campaña en defensa de los caminos públicos en la que participa Clavero, destacando que "es un conocido activista medioambiental, y constan en este Juzgado denuncias que son formuladas por su parte y por miembros de su agrupación, contra diversos propietarios de tierras que, siempre bajo el contenido que se desprenden de las denuncias del investigado, ocupan coladas y demás vías pecuarias que son de uso público. Estas constantes actividades son puestas en conocimiento de la opinión pública mediante marchas y otros actos multitudinarios". Como el que tuvo lugar antes de su detención el 26 de agosto.

El auto incluye también un reproche a las administraciones que deben garantizar el uso público de vías pecuarias y caminos públicos, indicando que en estas marchas "se dan a conocer el carácter público de estos terrenos, y ponen de manifiesto que se ven de alguna manera ocupados o invadidos por propietarios privados, sin que hasta la fecha se haya determinado ninguna acción legal por parte de la administración pública que resultara titular de las mismas, sobre este aspecto".

El juez da verosimilitud a la declaración de Juan Clavero, coincidente con la de dos testigos, que considera que fue fruto de una montaje, llegando a identificar a la persona que presuntamente introdujo la droga en su furgoneta, un individuo que participó en la marcha del 26 de agosto y que decía llamarse Manuel y venir de Jerez de la Frontera. El auto valora la colaboración del activista desde un inicio, lo que es "poco usual", y "despeja aún más las dudas sobre su ausencia de participación en los hechos delictivos que dieron inicio a las actuaciones penales".

Ahora, Clavero, con el apoyo de Ecologistas en Acción, va exigir el esclarecimiento total de los hechos, para que se conozca quiénes y por qué tendieron esta trampa, reclamando toda la contundencia de la ley contra los mismos. En este sentido, gracias a la colaboración ciudadana se ha identificado a la persona presuntamente responsable de la introducción de la droga, y se ha requerido al juzgado para que le tome declaración al tiempo que se realizan averiguaciones sobre las personas que hubieran podido colaborar en estos hechos, sin olvidar las “extrañas circunstancias” que rodearon al operativo de la Guardia Civil que detuvo al activista.

No obstante, el juez ya ha avanzado en su auto que va a ser complicado conocer la identidad del denunciante anónimo ya que llamó desde una cabina pública.