El juez deja también libre al hombre fuerte de Ignacio González

La decisión del juez García Castellón se ha producido a petición de la defensa de Rodríguez Sobrino y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe solicitando que se mantuviese la prisión incondicional para el investigado, según han señalado fuentes de la Audiencia Nacional.

Con la salida de Ignacio González, Rodríguez Sobrino se convirtió en el único de los investigados en este caso de corrupción que continuaba en prisión incondicional. La Guardia Civil le sitúan en la dirección de una operativa defraudadora mientras presidía Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II.

Rodríguez Sobrino, que también fue consejero de La Razón, supuestamente colaboró en 2013 en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio por 20 millones de dólares y guardó el importe de la compra "por valor de 31 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza y Brasil", según la investigación. Pese a esa elevada inversión, el patrimonio neto de Emissao al cierre del año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años descendió a 5 millones de dólares.

El pasado julio declaró durante cuatro horas ante el juez García Castellón en un aparente cambio de estrategia en la que parece estar colaborando con la investigación. En dicha comparecencia, el investigado esclareció temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla, y también aspectos sobre su hija, también investigada.

Según los autos, los investigadores han determinado "la existencia de un extenso patrimonio" a su nombre o al de su hija, tanto dentro como fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios "de aquellos anómalos negocios". Esta decisión del coincide con la de levantar la imputación por un delito de blanqueo de capitales de manera provisional a Pablo González, padre del expresidente madrileño, al no apreciar que un trasvase de 10.000 euros entre padre e hijo revista indicios de criminalidad.