El juez exculpa al Ayuntamiento y le sitúa como perjudicado por las mascarillas

La defensa de Medina había solicitado la semana pasada que el Ayuntamiento fuese expulsado de la causa al esgrimir que sus responsables «no denunciaron en ningún momento los contratos investigados» por los que el acusado y su socio Alberto Luceño obtuvieron las comisiones millonarias. Pero el titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid apunta en un auto al que ha tenido acceso este periódico que el Ayuntamiento sí debe atesorar dicha condición de damnificado «porque las altas comisiones de los investigados fueran ocultadas al mismo y esa ocultación supuso un perjuicio económico».

Junto a ello, el magistrado advierte que hay que diferenciar a la institución del papel que hubiesen podido desempeñar personas concretas de la corporación. En esta línea, precisa que «no se debe confundir a Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento –la cual está citada a declarar como testigo el 9 de mayo– con la institución, que tiene su patrimonio público». No obstante, el juez también deja claro en su escrito que Collado «manifestó sus quejas a los intermediarios por el exceso de precio de los contratos y la mala calidad de los guantes y test de covid».

El magistrado da la razón de esta forma al alcalde madrileño y al propio consistorio que sostenía que, como persona jurídico-pública de base territorial, «no puede tener en ningún caso la condición de investigado en tanto que no se le aplican las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas». Asimismo, el magistrado ha rechazado las finanzas que Medina solicitaba para las acusaciones populares que ejercen Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. El comisionista había reclamado que todas ellas litigasen bajo una misma dirección y representación, algo que Carretero también ha denegado.