El juez concluye la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 procesa a Oukabir y Houli por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa. A Iazza, quien fue detenido meses después de los ataques en Castellón, le atribuye el delito de colaboración en organización terrorista. Sin embargo, a ninguno de los tres les procesa por los 16 asesinatos ocurridos durante los atentados, ya que no ve suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa.

El delito de integración en organización terrorista prevé una pena entre 6 y 14 años de prisión. El de fabricación y tenencia de explosivos entre 8 y 15 años y el de estragos, en grado de tentativa, de 10 a 15 años. El delito de colaboración con organización terrorista está sancionado con penas que oscilan entre los 5 y los 10 años de prisión.

Según el criterio del instructor, no hay indicios suficientes de que los tres procesados conocieran los planes de la célula que ejecutó el ataque. De esta célula formaban parte Mohamed y Omar Hichamy, Moussa Oukabir, Said Aalla y Younes y Houssaine Abouyaaqoub, quienes fueron abatidos por los Mossos horas después de los atentados, y el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty y Youssef Aalla, que fallecieron en la explosión de la casa de Alcanar un día antes.

La causa contra Oukabir, Houli e Iazza será enviada ahora a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Alfonso Guevara y que será la que en próximas fechas emita auto con las fechas de señalamiento del juicio. Oukabir, Houli e Iazza están procesados por los atentados de Barcelona y Cambrils desde hace más de un año, pero el magistrado no había enviado la causa a la Sala de lo Penal hasta ahora, ya que tanto las defensas como las acusaciones populares recurrieron para solicitar que se les imputara también el delito de asesinatos terroristas, pero finalmente el magistrado lo ha descartado. La Fiscalía estuvo de acuerdo con las conclusiones de la instrucción judicial.

El juez Calama también ha tenido que resolver durante este año y tres meses desde el procesamiento las peticiones de personación que han presentado casi una veintena de personas que alegaban ser víctimas de los atentados para poder ejercer la acusación particular en la causa.

Mientras la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior recababa la información necesaria para elaborar un balance oficial, el magistrado instructor ha tenido que hacer una criba por su cuenta ante las numerosas peticiones. Para realizar a una selección precisa, Calama solicitó informes médicos de estas personas que se personaban como víctimas directas de los atentados de la célula yihadista.