El juez comunica a Begoña Gómez que sigue imputada pese a haber cedido parte del caso a la UE

La pasada semana la defensa de la mujer de Pedro Sánchez envió un escrito a Peinado en el que le pedía que aclarase por qué investiga ahora a la mujer del presidente después de que el propio instructor se haya inhibido a favor de la Fiscalía Europea del epicentro de su investigación.

En esencia, el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, daba a entender, aunque no lo pedía en ningún momento de forma expresa, que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid debía dar carpetazo al caso ya. Y ello -entendía Camacho- porque la investigación de Peinado después de que la Audiencia Provincial de Madrid descartara irregularidades en los contactos de Gómez con responsables de Air Europa, se había quedado limitada «exactamente» a los mismos «hechos» que ya han sido remitidos a la UE porque la Fiscalía Europea cree que hay indicios de que hay involucrados fondos comunitarios. O sea: las cuatro adjudicaciones en tres expedientes que permitieron al empresario Juan Carlos Barrabés embolsarse 10,6 millones de euros de dinero público al ganar los concurso del ente público Red.es, después de que la esposa de Sánchez le escribiera dos cartas de recomendación para sus empresas.

Pero el juez rechaza de plano este argumento de la defensa de Begoña Gómez. Peinado, en una providencia fechada el pasado domingo, niega que su investigación haya quedado vacía de contenido. «Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad, pues en el auto resolviendo el recurso de apelación (el de la Audiencia Provincial) no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que se haga referencia a esos contratos (los de Barrabés) como indicativos de claros indicios, que permiten la deducción de la presunta comisión de un hecho delictivo», afirma el instructor.

En esa misma resolución, el titular del Juzgado de Instrucción 41 apunta a que su investigación actualmente incluye «tres bloques fácticos de documentos» y «los contratos a los que se refiere el auto por el que se concede la avocación parcial a la Fiscalía Europea es uno de esos bloques, pero existen otros dos bloques, que no conciernen a esos contratos», zanja el juez.

Ya el pasado 7 de junio, en la misma providencia que cedía la instrucción a la UE sobre los polémicos contratos conseguidos por el empresario Juan Carlos Barrabés, el juez ya dejaba claro que, tras la «avocación realizada por la Fiscalía europea», se inhibía «exclusivamente respecto de los hechos y delitos a los que se hace referencia en los fundamentos jurídicos primero de la presente resolución» (las adjudicaciones al empresario amigo de Gómez).

Lo que sigue siendo un misterio es exactamente cuáles son esos dos bloques que sigue investigando, por mucho que el juez inste al abogado de Gómez a consultar la causa sobre la que ya se ha levantado el secreto para saber por dónde se está indagando. Y es que la Audiencia Provincial de Madrid, en la respuesta al recurso fiscal en el que avaló que siguiera indagando a Gómez por las adjudicaciones de Red.es, argumentó, sin embargo, que no había indicios para ir contra la mujer de Sánchez por sus reuniones con responsables de Globalia, matriz de Air Europa, en vísperas de que el Gobierno central inyectara cientos de millones de euros a la aerolínea para evitar su quiebra durante la pandemia.

Juan Carlos Peinado, no obstante, da a entender que el auto de la Audiencia Provincial que le dejó solo la competencia de la parte que ha enviado a Europa ha quedado ya desfasado, porque la Fiscalía recurrió con demasiada premura y obligó al tribunal a resolver su recurso cuando en la causa solo había la «denuncia inicial y las informaciones de dos medios de comunicación, (...) de tal manera que, en ese momento, se carecía de los nuevos documentos aportados por los testigos, así como el primer informe emitido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, comisionados en las presentes diligencias».

A falta de más pistas, fuentes cercanas al caso apuntan a que una de esas líneas de investigación que sigue adelante sería la abierta a raíz de la ampliación de denuncia del colectivo Hazte Oír (que es acusación popular en estas diligencias previas) y que ahora también acusa a la mujer del presidente del Gobierno de los presuntos delitos de administración desleal, malversación e intrusismo por haberse apropiado en su nueva empresa -siempre según esta asociación- de un 'software' que pagó la Universidad Complutense para asesoramiento y labores de consultoría de pymes.