El juez cita a Robles y Marlaska ante las «evasivas» de Bolaños sobre Pegasus

La citación de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska se produce días después de que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, fuera interrogado también como testigo, una declaración que prestó por escrito. Igualmente han pasado ya por la Audiencia Nacional, y siempre en esa misma calidad de testigos, la exdirectora del CNI Paz Esteban y el funcionario del centro identificado como el número 7613, que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado.

Ante la posibilidad de que durante los interrogatorios, ya sea por escrito o en persona, los titulares de Defensa e Interior tengan que responder a preguntas sobre materias secretas, Calama acordó dirigir un suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que proceda a desclasificar «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios».

La decisión de Calama de citar a Robles y Marlaska -explicaron fuentes jurídicas- está motivada por la «escasa luz» que sobre esta trama de espionaje arrojó la declaración de Bolaños. El ministro de la Presidencia, según estos mismos medios, respondió a nueve preguntas del magistrado y a otras tres cuestiones del fiscal jefe, Jesús Alonso. Sin embargo, el testigo apenas aportó información técnica y se limitó a derivar a los especialistas la supervisión de la seguridad de las terminales del presidente y de sus ministros.

Los documentos en poder de Calama certifican que Bolaños, como secretario general de la Presidencia -puesto al que llegó en junio de 2018 y abandonó en julio de 2021 al ser nombrado ministro, justo un mes después de que concluyeran las intervenciones ilegales en los 'smartphones', era el último responsable del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica; el cual, a su vez, incluye una Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (UTIC). Es decir, la encargada de velar por la protección del móvil del presidente. El juez le preguntó sobre esta responsabilidad, pero el ministro, de acuerdo con las fuentes consultadas, respondió con «evasivas», e insistió hasta la saciedad en que desconocía los aspectos técnicos de estos controles de seguridad.

Una vez reveladas las citaciones de los ministros, Bolaños defendió que el Gobierno es el «primer interesado en que se conozca lo ocurrido». «Somos las víctimas y los que sufrieron una intervención de manera absolutamente ilícita», insistió, al tiempo que afirmó que el Ejecutivo está facilitando al juzgado «toda la información» en su poder sobre este asunto para que la investigación «llegue hasta el final» de lo sucedido.

Los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN, el corazón tecnológico del CNI) revelaron que el dispositivo de Sánchez fue infectado por Pegasus en dos ocasiones -el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021- con un robo de información de 2,7 gigas. El de Robles fue 'hackeado' en junio de ese mismo año y de él salieron solo nueve megas de datos. El terminal de Grande-Marlaska fue infectado con Pegasus en dos ataques el 7 y el 26 de junio también de 2021 sustrayéndole 6,3 gigas; y por la misma época el 'smartphone' de Planas fue atacado con Pegasus pero el 'malware' no logró extraer información.

Todas las intrusiones tuvieron lugar en plena crisis diplomática con Marruecos por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de acoger en España al líder del Frente Polisario para ser tratado por covid y coincidiendo con la gran avalancha de inmigrantes marroquíes, mucho de ellos menores, a Ceuta. El juez Calama empezó a investigar el 26 de abril por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado.