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El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto un causa para investigar si el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, y el concejal delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cometieron un delito de prevaricación ... administrativa al cerrar los parques y grandes áreas verdes de Madrid durante la actual fase 0 del desconfinamiento, lo que impide pasear a los ciudadanos o hacer deportes en su interior.
En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado Juan Carlos Peinado ha admitido a trámite la denuncia del abogado José Luis Mazón y ha citado a declarar al denunciante, juntos con los dos denunciados acompañados de sus abogados, el próximo día 23 de mayo, a las 13.00 horas, en los juzgados ordinarios de Madrid.
Antes de entrar en el fondo de la denuncia, el instructor quiere resolver la pieza abiertas sobre las medidas cautelares reclamadas por el denunciante sobre la reapertura de las zonas verdes. Para ello cita en persona a Martínez-Almeida y al concejal Carabante, al fiscal del caso y al abogado Mazón.
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Dada la situación de excepcionalidad en la administración de Justicia a causa de la pandemia, el juez les recuerda la obligatoriedad «de comparecer con mascarilla reglamentaria y homologada, y sin elementos o accesorios de carácter metálico, incluido los ornamentales (tales como relojes o anillos), que pudieran ser objeto donde se alojaran por un periodo de tiempo prolongado el posible virus, con el fin de preservar el edificio judicial de posibles contagios».
El letrado Mazón sostuvo en su denuncia que se cerraron todos los parques «el pasado 14 de marzo hasta la fecha, imposibilitando así disfrutar del espacio al aire libre y aglomerando a la población en el trazado irregular de las calles estrechas que caracterizan el plano de Madrid».
Unas zonas verdes que se catalogan como bienes de dominio público y bienes patrimoniales, de uso o de servicio público, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, señala. Por lo que la decisión de mantenerlos clausurados, bien por una orden o un acuerdo municipal, puede haber supuesto un delito de prevaricación administrativa.
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