El juez Carretero defiende su interrogatorio y pedirá amparo tras las 900 quejas ciudadanas

Esta decisión del magistrado llega un día después de que el órgano de gobierno de los jueces informase este mismo miércoles de que el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha acordado abrir una diligencia informativa por examinar la actuación del magistrado. La Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ ha recibido hasta el momento más de 900 quejas y denuncias en relación con su actuación en su juzgado. La apertura de estas diligencias por parte del promotor, un proceso casi automático, son un paso previo a decidir si abre o no expediente disciplinario.

Desde el entorno del juez Carretero comentan que éste no cree que ofendiera a la denunciante durante su declaración, ya que se limitó a hacer su trabajo «bien» y a preguntar por los hechos que constaba en la denuncia, por lo que es «lógico» que algunas preguntas pudieran resultarle incómodas. «Hice mi trabajo porque esa prueba ha de ser consistente» y más en una denuncia con una acusación grave, ha señalado el magistrado a las fuentes consultadas, quien se considera víctima de un «linchamiento» público.

Asimismo, acusan a los medios de comunicación de ofrecer información sesgada y de realizar filtraciones interesadas de los interrogatorios realizados a Elisa Mouliaá y a Íñigo Errejón, de ahí su intención de depurar responsabilidades pidiendo a la Fiscalía que investigue qué parte personada difundió las grabaciones.

Este jueves la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha exigido al CGPJ que se garantice un «trato adecuado» a las víctimas en los juzgados y se adecúe a los estándares que ellos mismos han fijado, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. En este sentido, se han referido a la Guía de Buenas Prácticas sobre la Declaración de las Víctimas de Violencia de Género, elaborada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se trata de un documento que «da unas directrices claras sobre como debe ser el trato dispensado a las víctimas indicando, entre otras cosas, que no cabe un trato que las haga sentir culpables, ni cuestionar apriorísticamente la veracidad de lo que cuentan, ya que victimizar a las víctimas desde la Administración supone dejarlas solas y constituye un maltrato institucional».

«Cuando se incumplen estas premisas, al igual que cuando se resuelve al margen de la norma, se consuma una injusticia que tiene devastadoras consecuencias para la persona destinataria de este proceder, pero también para toda la sociedad en su conjunto», ha subrayado la asociación en un comunicado. En esta misma línea, la asociación ha reconocido que «puede» haber miembros del Poder Judicial que, «de forma evidente y pública», ignoran «deliberadamente» todo el compendio formativo y de buenas prácticas, pero estas actitudes «no se corresponden con el proceder general de la inmensa mayoría de la judicatura de este país».