Un juez de Barcelona investiga si la trama corrupta costeó gastos de Puigdemont en Waterloo

En un auto del pasado mes de julio, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, considera «muy relevante» que Terradellas, que fue responsable de Relaciones Internacionales de CDC, asegurara en una conversación telefónica intervenida en junio pasado que a un amigo suyo le habían pedido 100.000 euros para Puigdemont.

Según la Guardia Civil, el amigo de Terradellas que pidió 100.000 euros para costear los gastos de Puigdemont en Bruselas podría ser el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Puig, de quien el instituto armado destaca que tiene «contacto directo» con el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española en Waterloo. «Visto todo lo anterior consideramos que el amigo al que hace referencia Víctor en las conversaciones telefónicas podría ser Joan Puig Cordón, la persona que supuestamente habría recibido la petición de entregar 100.000 euros para Carles Puigdemont», sostiene el informe.

La conversación telefónica intervenida se habría producido entre Terradellas y Miquel Casals, condenado por asociación con banda armada, a quien el exdirigente de CDC habría dicho: «han venido a ver un amigo mío pidiendo 100.000 euros». En esa misma charla, en la que critican el escenario político catalán, consideran a Puigdemont un «fracaso» y aseguran que «quiere seguir viviendo en Bruselas de diputado e ir haciendo dinero: »el del exilio está loco porque le den un sueldo«, afirman.

El instituto armado advierte de que, a raíz de la investigación policial, Terradellas se habría desvinculado temporalmente de las subvenciones públicas, por lo que los presuntos fondos dirigidos al expresident podrían estar siendo gestionados por «su entorno más cercano».

La Guardia Civil señala también que Terradellas estaría tratando de evitar conversaciones telefónicas que pudieran implicarlo en la presunta trama corrupta, adoptando «medidas de seguridad muy importantes» para evitar ser vinculado al esquema de irregularidades y utilizando «otras vías de comunicación que considera seguras para sus intereses».

Una de ellas, documentada por el instituto armado, había sido reunirse personalmente con Puig, así como con el europarlamentario de Ahora Repúblicas y exdirigente de Batasuna, Pernando Barrenas, y con el secretario general de Deporte, Gerard Figueras, en libertad provisional tras haber sido detenido esta semana en el marco de esta misma causa. El encuentro, del que constan fotografías, se habría desarrollado en un domicilio particular y en condiciones que hacen sospechar a la policía de que en él se trataron asuntos que «posiblemente» estén relacionados con los hechos investigados.

Por otro lado, el juez resalta en uno de sus escritos que no se ha acreditado por el momento que la fundación CATmón, una de las investigadas, tenga una actividad cooperativa internacional «que justifique la recepción de subvenciones por importe total de más de dos millones de euros repartidos en varios ejercicios». «Por el contrario, la mayor parte de los documentos ocupados se refieren a la tarea desarrollada por Víctor Terradellas para contribuir a la obtención de la independencia de Cataluña, de tal modo que las subvenciones otorgadas podrían haberse destinado al pago de gastos particulares de miembros de CATmón y/o a la realización de viajes y entrevistas referentes a la independencia de Cataluña», resalta.

El juez apunta que todas las subvenciones de la Diputación de Barcelona bajo sospecha estaban relacionadas con Ayuntamientos dirigidos entonces por CDC, una vez iniciado el 'procés'. Para el magistrado, «no es de extrañar« la cercanía de Terradellas con Puigdemont, dado que, según recuerda, el departamento de Presidencia otorgó una subvención de 100.000 euros a CATmón, «lo cual también debe ser objeto de investigación».

Además, en una libreta manuscrita por Terradellas, la Guardia Civil detectó una anotación relativa a la logística para alojar a 200 personas por día y la necesidad de habitaciones y billetes de hotel de la cadena H10, que tiene un establecimiento en Berlín, ante lo que la Guardia Civil deduce que podría estar vinculado a los apoyos que recibió Puigdemont tras ser detenido en Alemania.