El juez autoriza que la Guardia Civil utilice 17 vehículos de investigados del 'caso Lezo'

El magistrado Manuel García-Castellón recibió el pasado 10 de noviembre el beneplácito de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), perteneciente al Ministerio de Justicia, para que la flota sea usada por la sección de logística del Estado Mayor de la Guardia Civil, según el oficio al que ha tenido acceso este periódico. Dicho órgano tiene el cometido de auxiliar al Director Adjunto Operativo, ‘número dos’ del Instituto Armado.

Esta medida afecta a automóviles de los principales investigados en el ‘caso Lezo’, cuyo oposición a la solicitud de la Guardia Civil fue desatendida por el juzgado. Por ejemplo, un Smart Fortwo Coupe del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, matriculado en octubre de 2015; a un BMW 330D de su mujer, Lourdes Cavero, de septiembre de 2008; tres vehículos del hermano del primero, Pablo González: dos BMW 120D y 320D y un Audi A1 matriculado en septiembre pasado; o un Smart Fortwo Coupe de enero de 2016 propiedad de Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, filial del Canal en Sudamérica.

La Guardia Civil también va a utilizar hasta que el juez lo permita tres vehículos a nombre de la empresa de abogados de este investigado, autor confeso de llevarse comisiones a Suiza. En concreto, un Mini Cooper, un BMW 320D y un Audi Q5 matriculado en febrero de 2012. Del empresario Juan Miguel Madoz, propietario de la agencia de publicidad Swat SL y de la consultora de comunicación Strat Map SL, cinco vehículos en total: dos Mini, un BMW X5, un Audi A3 Cabriolet y un Polo.

Finalmente, a la mercantil Asesoría 25 SL un Mini Cooper y un Smart Fortwo y al particular José Martínez Nicolás, exjefe de Informática de la Comunidad de Madrid, su Ford Mondeo de junio de 2009.

Pese a la previsión inicial, la ‘joya de la corona’ de la flota intervenida, un Jaguar XF de la consultora Zubenelgenubi SL, cuyo administrador único es el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel, no ha sido autorizado para uso.

El usufructo provisional de estos vehículos mientras lo permita el juzgado también conlleva adoptar las medidas necesarias para su conservación, como el mantenimiento periódico del aceite, filtros, anticongelante, batería, frenos, alumbrado, señalización, neumáticos y amortiguadores. Asimismo, deberán pasar la ITV antes de la puesta en servicio como coche oficial y dar de alta el correspondiente seguro a terceros y ocupante obligatorio.

En un auto de 11 de septiembre pasado, la Guardia Civil justificaba la necesidad de uso de los automóviles intervenidos por los siguientes motivos: «Suponen, por una parte, un éxito al privar al mundo criminal de un medio esencial para llevar a cabo su actividad delictiva y, del otro, una herramienta más para la realización del trabajo policial».

En la actualidad, prosigue el escrito de la Policía Judicial del ‘caso Lezo’, dada la escasa renovación de los vehículos del parque en los últimos años, el estado de éstos se encuentra en situación «preocupante» y no cumplen las necesidades operativas para perseguir a los delincuentes. Por este motivo, justifica la incorporación de esta flota porque «permite el seguimiento de los objetivos, que se mueven en modelos de alta gama y elevada cilindrada».