El juez atribuye a «órganos superiores de la Administración» el espionaje ilegal a Bárcenas

En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón señala que el operativo se creó sin autorización judicial para sustraer documentos sensibles, ocultarlos y torpedear la investigación del 'caso Gürtel'. De esta trama, añade, serían responsables indiciariamente «órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado», sin dar más detalles.

El instructor recuerda que esta pieza se abrió a finales de 2018 a raíz de un informe de la Fiscalía Anticorrupción, presentado como consecuencia de un oficio de la Policía Judicial en el que se daba cuenta de nuevos hechos de apariencia delictiva en el marco de la macrocausa 'Tándem' o 'caso Villarejo', las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

García-Castellón señala, literalmente, que en este caso se trataría de «ejecutar un operativo parapolicial» cuya autoría material se encomendó al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, y a Villarejo. Fue desarrollada entre los años 2013 y 2015, y consistiría en la captación y manipulación «como colaborador-informante» de Sergio Javier Ríos, que trabajaba como chófer de Rosalía Iglesias. A cambio, éste percibió un sueldo mensual de unos 2.000 euros y se investiga si acabó entrando en la plantilla de la Policía de forma irregular como parte del pacto.

«El objetivo de la misión podría ser la obtención por medio de este colaborador de información concreta sobre el lugar en el que Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del PP», subraya el auto.

El cometido final era «sustraer» del conocimiento de ese material al juez Pablo Ruz, que entonces instruía la causa relacionada con la financiación irregular del PP. Unas pesquisas que ahora dirige su colega José de la Mata. Esta referencia apuntaría al menos al delito de encubrimiento por parte de los funcionarios policiales.

Los cientos de folios de esta causa serán entregados en los próximos días a las partes para su conocimiento y hacen temblar de nuevo los cimientos del PP, aunque sea en diferido. El pasado viernes Anticorrupción pidió al juez la investigación de dos pesos pesados del gobierno de Mariano Rajoy: los ministros de Interior y Defensa, Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, respectivamente. La expresidenta de Castilla-La Mancha fue, además, secretaria general del PP hasta julio de 2018 y tuvo un enconado enfrentamiento judicial con Bárcenas.

Aunque ninguno de los dos ocupa ahora cargos en la dirección de la formación presidida por Pablo Casado, éste ha alabado en público el trabajo de sus compañeros, sobre todo el del responsable de Interior cuando ha sido preguntado por 'Kitchen'.

A la espera de que el juez resuelva la petición de los fiscales, el último en caer fue el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en cuyo registro judicial en marzo se hallaron los indicios que incriminarían a Fernández Díaz, ya que también estaría al tanto del operativo. El ex 'número dos'del Ministerio del Interior advirtió en varios mensajes de que si él era citado a declarar, posteriormente lo sería Jorge Fernández Díaz y «probablemente MR», en referencia a Mariano Rajoy.

En el caso de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro, tendría que ver con la difusión de unos audios en los que éste habló de los «encargos» a Villarejo.