El juez asegura que los CDR detenidos fueron enlace entre Torra y Puigdemont

Los siete detenidos por la Guardia Civil en la operación contra los CDR ejercieron de enlace entre el presidente Quim Torra y el exjefe del Ejecutivo catalán Carles Puigdemont, según explica en sus autos de prisión el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien el pasado jueves envió a la cárcel a todos ellos acusados de pertenencia a organización terrorista, estragos en grado de tentativa y posesión de explosivos.

En sus escritos, que adelantó la Cadena Ser, el juez revela que los arrestados del denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) se entrevistaron el 15 de septiembre de 2018 con un «elemento peligroso» que llegó a provocarles vértigo. Siempre según García Castellón, esa reunión fue con Anna Puigdemont, hermana del exjefe de Gobierno autonómico, y el encuentro tuvo como objetivo –escribe el juez- «entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras» entre el propio expresident y Joaquim Torra.

Para ese encuentro –señala el magistrado en sus autos de prisión- los siete arrestados en la 'operación Judas' pusieron en marcha «grandes medidas de seguridad» .Las intervenciones de las terminales de dos de los detenidos, Ferrán Jolis y Xavier Buigas, han sacado a la luz que aquel día «organizaron, planificaron y ejecutaron» con todo lujo de detalles el encuentro, al que asistieron cinco de los miembros de los CDR detenidos por la Guardia Civil el pasado lunes.

Jolis, en su declaración ante García Castellón, aseguró que a esa reunión también acudió Torra, si bien la Guardia Civil no le cree en este extremo. Los servicios de Información todavía investigan si, tal y como reveló el propio Jolis, el actual presidente de la Generalitat les prometió ayuda para poder tomar el Parlament para, desde allí, proclamar la república catalana.

En sus autos de prisión, el instructor de la Audiencia Nacional confirma que los siete miembros del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica tenían como objetivo principal llevar una campaña contra «infraestructuras críticas» en los próximos días coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O y la publicación de la sentencia del procés contra los doce líderes independentistas juzgados por rebelión. Responsables de la investigación ya avanzaron que los siete detenidos pretendían, sobre todo, atacar las antenas de telefonía y las autopistas para provocar el mayor trastorno posible a la ciudadanía.

El juez «no descarta» que los detenidos pudieran enviar bombas caseras por correo a diversos cuarteles de la Guardia Civil. En poder de los siete encarcelados, además de diferentes precursores para fabricar artefactos, se encontraron datos sobre la casa cuartel de la Guardia Civil de Canovelles (Barcelona), así como de diversas comisarías de los Mossos d'Esquadra.

El magistrado confirma en sus autos de prisión el plan de los arrestados de ocupar el Parlament. La operación –explica el instructor- debía durar cinco días. El detenido Ferrán Jolis era una «pieza clave» para la organización de este plan, ya que debía encargarse de establecer las «comunicaciones seguras e indefectibles» desde el interior del parlamento. Para conseguir mantener la comunicación entre la cámara autonómica y el exterior, los componentes del ERT habían planeado «usurpar» los «puntos wifi» de «establecimientos y restaurantes cercanos».

Jolis, según se desprende de las intervenciones telefónicas, siempre fue consciente de la gravedad de sus acciones: «Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada», les dijo a sus interlocutores.