El juez apunta a Moncloa como responsable también de la brecha en el móvil del presidente

No es la etapa de Bolaños al frente del ministerio la que interesa al magistrado, según han revelado a este periódico fuentes judiciales, sino su papel como secretario general de la Presidencia del Gobierno, un puesto al que llegó en junio de 2018 y abandonó en julio de 2021, justo un mes después de que concluyeran las intervenciones ilegales en los 'smartphones' de Pedro Sánchez y de los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, a las que se sumó el intento fallido de infección con el 'malware' israelí del titular de Agricultura, Luis Planas.

Aunque el Gobierno responsabilizó exclusivamente al Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, de no haber localizado hasta casi un año después el espionaje a los miembros del Gobierno y destituyó a la entonces presidenta de los servicios secretos, Paz Esteban, lo cierto es que la documentación en poder de la Audiencia Nacional apuntaría a que, al menos, parte de la brecha de seguridad podría tener su origen en Moncloa.

La Presidencia del Gobierno contaba, y cuenta, con un Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica que, a su vez, incluye una Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (UTIC). Ambas están incluidas en la Secretaría General de la Presidencia, que en el momento de la infección de los móviles del jefe del Gobierno y de los ministros encabezaba Bolaños.

Es esta unidad –siempre de acuerdo con la información llegada al tribunal de la calle Génova– la que, con ayuda y coordinación del CCN, se encarga de la seguridad de las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo y de inspeccionar los sistemas. Pero siempre –insisten los documentos que maneja Calama– el CCN opera bajo las órdenes e instrucciones de la Secretaría General de la Presidencia y de la UTIC, ya que los trabajadores del centro criptológico son «solo técnicos» y «especialistas», pero no expertos en la seguridad de las instituciones del Estado.

En el marco de esta investigación y mientras ha permanecido secreta, Calama tomó declaración como testigos el pasado viernes a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre el espionaje al Gobierno. Ambos confirmaron, según fuentes cercanas al caso, que la seguridad de las comunicaciones del Ejecutivo, además del CCN y del CNI, depende del Departamento de Seguridad de Moncloa, adscrito a la Secretaría General de la Presidencia que en 2021 dirigía Bolaños.

El ministro tendrá la posibilidad de declarar por escrito. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 412, deja en manos de los integrantes del Gobierno elegir esta opción y evitar el desplazamiento a la sede judicial, aunque también cabe la alternativa de declarar por videoconferencia si así lo prefiriese el propio Bolaños.

Calama abrió la investigación sobre el espionaje a los responsables del Gobierno el 26 de abril apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado en principio por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Una denuncia que fue ampliada posteriormente, después de confirmarse también el espionaje a Grande-Marlaska y el intento fallido a Planas.

Todas las intrusiones tuvieron lugar entre mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado por covid y coincidiendo con la avalancha de miles de inmigrantes marroquíes, mucho de ellos menores, a Ceuta.

«Hoy lo que tenemos que hacer es dar toda la información que tenemos al juez, aparte de la que ya aportamos en los autos para que el juez conozca todo lo que obra en poder del Gobierno», respondió el ministro Bolaños al ser preguntado sobre la citación. Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, adujo que la llamada al tribunal de Bolaños se debe básicamente a que él fue la persona que ofreció la rueda de prensa en la que se denunció el espionaje. «Nos reafirmamos en la transparencia y en la colaboración con la justicia», dijo tras el Consejo de Ministros. El PP considera que esta decisión del juez «desautoriza la versión» que ofreció el Gobierno sobre el espionaje.