La juez apreció «especial urgencia» para suspender el sello de Correos del PCE

El auto de siete páginas, y al que ha tenido acceso este periódico, se limita a justificar la estimación de la petición del colectivo por la «especial urgencia» del caso, ya que estaba previsto que Correos sacara hoy a la circulación una tirada de 135.000 ejemplares con un valor postal de 0,75 euros cada uno, esto es, 101.250 euros en caso de venderse todos.

Y es que la solicitud de la medida cautelar fue reclamada el mismo viernes, por lo que la magistrada tuvo que resolver esa misma jornada y dar cumplimiento a la tutela judicial efectiva de los Abogados Cristianos para no causarle ningún perjuicio posterior, según la normativa recogida en el artículo 135 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Esto supone que la juez Casado resolvió sin oír la versión de Correos y sin entrar en el fondo del asunto, que sí examinará en los próximos días. Los recurrentes consideraron que la emisión de este ejemplar «atenta contra el deber de neutralidad y objetividad de las Administraciones Públicas recogido en la Constitución». La razón, alegaron, es que «supone la exaltación de un partido político que cometió crímenes y persiguió a miles de personas únicamente por razón de su fe, por lo que emitir este sello es contrario a la Ley de Memoria Democrática y a la resolución del Parlamento Europeo que condena la exaltación del comunismo».

Fuentes de Correos confirmaron que ya preparan alegaciones al auto judicial para justificar la emisión del sello del PCE. Para ello tienen tres días, según marca la ley, antes de que la juez valore si se debe mantener la suspensión cautelar actual, levantarla o modificarla. Una decisión que, a diferencia de la tomada el pasado viernes, sí puede ser recurrida en instancias superiores. Este debate jurídico entre las partes podría celebrarse en audiencia.

Desde la entidad pública, no obstante, recuerdan que la emisión del sello del centenario del PCE fue aprobada por la Comisión Filatélica del Estado, un organismo adscrito al Ministerio de Transportes que está integrado por 12 miembros: desde representantes de tres ministerios hasta las asociaciones filatélicas más representativas, coleccionistas y personalidades de reconocido prestigio en el ámbito postal.

A falta de conocer cómo acaba esta segunda fase del procedimiento judicial, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, considera «inaceptable» que el Gobierno pida «que nos apretemos el cinturón y luego malgaste el dinero de todos en imponer su ideología, exaltando a un partido que cometió crímenes contra los cristianos». La fundación ha puesto en marcha además una recogida de firmas en su página web para pedir al presidente de Correos que retire el sello antes de que salga a circulación.