El juez apoya la investigación «concienzuda» de la UCO a Ábalos pese al «error» con Colombia

Además de rechazar las extralimitaciones en la causa por parte de la UCO, el juez descarta que deba limitarse el procedimiento únicamente a investigar las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus por parte de Transportes. «Sin necesidad de agotar los ejemplos (...) parece llegado ya el momento de que el Sr. Ábalos y su defensa comprendan, por mucho que pudiera no ser de su agrado, que el objeto de esta causa especial no se limita, frente a lo que con particular insistencia proclama, a su intervención en la contratación de las mascarillas en el marco de la crisis sanitaria del covid-19», subraya el magistrado.

En este punto, el instructor incide en que también se investigan «beneficios económicos» presuntamente percibidos por Ábalos, como «la cuantiosa renta del piso en el que residía quien era entonces la pareja sentimental del ministro». Así las cosas, defiende su decisión de encargar un informe a Hacienda. «En esas circunstancias, y con el legítimo propósito de averiguar si en efecto esos beneficios económicos en dinero metálico pudieran haberse producido, resulta necesario conocer el patrimonio previo del que pudiera disponer y el eventual incremento, o las posibles modificaciones, que en el mismo hubieran podido tener lugar a partir del momento en el que fue nombrado ministro», explica la resolución.

Del mismo modo, el magistrado de la Sala Segunda (Penal) desestima las quejas del investigado sobre la UCO, a la que acusa de extralimitarse en el informe que presentó el pasado 17 de marzo. «Nada se advierte en el mismo que pueda significar extralimitación alguna», responde Puente. En este sentido, apoya la actuación de la UCO, que califica de «diligente y concienzuda», y asegura que el informe es «expresivo de una ágil y diligente investigación que en ningún aspecto sustantivo merece ser censurada».

No obstante, el magistrado reconoce que los agentes cometieron un «error» al cifrar en 2,5 millones de dólares un terreno que compró el exministro en Colombia por 751,23 euros. «Advertido el error solo queda, después de admitirlo, rectificarlo, explicar sus razones, y disculparse por ello. Admitido, rectificado y explicadas las razones que lo produjeron, sinceramente me disculpo también por ello. Pero destacó igualmente que es un error que carece, afortunadamente, de consecuencia alguna en esta causa», apunta.

El instructor recalca que «es evidente» que Ábalos, «como cualquiera de los otros investigados y todos los ciudadanos, puede ser titular (...) de bienes, ya sean muebles o inmuebles y de diferentes depósitos bancarios, sin que ello comporte, en sí mismo, signo o indicio alguno de conducta delictiva fuera uno u otro el valor de aquéllos».

«Es muy posible, además -no se afirma lo contrario en el informe policial-, que esta finca y alguna más de las que se consignan en el informe, con independencia del valor que su compra pudiera tener, aunque algún día estuvieran inscritas y/o bajo el dominio de Ábalos, no le pertenezcan ya. (...) Lo que se ordenó a la fuerza actuante fue que identificara (...) el conjunto de bienes y depósitos bancarios que aparecían a su nombre», insiste para defender la pertinencia del informe de la UCO.

En el auto, Puente responde a su vez a otra queja planteada por Ábalos sobre el hecho de que le interrogara sobre la titularidad de otro terreno que se le atribuye en Perú y que, hasta entonces, no constaba en la investigación pero sí se había mencionado en la prensa.

Sobre este extremo, apunta que el exministro fue preguntado sobre «si disponía de bienes inmuebles en España o fuera de España». «Y fue el propio Sr. Ábalos (...) quien consideró oportuno referirse a este terreno localizado en Perú -ninguna alusión realizó al que aparece a su nombre en Colombia-, para explicar las razones por las que, según expuso, el suelo (y no la construcción erigida sobre él) se encontraba inscrito a su favor». «Solo a partir de ese momento se le formularon preguntas posteriores con el objeto de concretar sus manifestaciones respecto de dicho inmueble», concluye.