Los jueces procesaron por corrupción a 146 personas físicas y jurídicas el pasado año

La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, contra el patrimonio, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y delitos de corrupción en los negocios.

Del total de los 35 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2024 (32 en 2023), ocho correspondieron al cuarto trimestre. Además, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 51 sentencias, de las que 30 fueron total o parcialmente condenatorias (58%) y 21 absolutorias (42%). El curso anterior las condenas se situaron en el 68% y las absoluciones, en el 32%.

De los 146 procesados en espera de juicio, 70 fueron en Andalucía, 26 en la Comunidad Valenciana, 17 en Cataluña, nueve en la Comunidad de Madrid y cinco en la Región de Murcia y en Castilla y León. Hasta ocho comunidades no tuvieron ningún caso el pasado año: País Vasco, Baleares, Asturias, Galicia, Cantabria, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. Muchas de estas regiones han dado continuidad al dato de 2023.