El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha hecho este viernes una encendida defensa de la independencia judicial, en un momento en el que las relaciones entre el la justicia y el poder político se han tensado como consecuencia ... de la aplicación de la ley de amnistía. Barrientos ha avisado a los «otros poderes del Estado», esto es, el Ejecutivo y el Legislativo, que no cederán a las presiones para aplicar la norma según su criterio. «Pierdan toda esperanza quienes utilizan la difamación o la insidia con la pretensión de alinear una decisión judicial con sus intereses», ha asegurado en el acto de apertura del año judicial, en Barcelona. «El CGPJ no podrá permanecer pasivo ante las descalificaciones e insultos personalizados en determinados jueces y magistrados desde cualquier ámbito, sobre todo desde otros poderes del Estado, por el simple hecho de no compartir el sentido de sus resoluciones. Cataluña ha sido muestra de ello», ha asegurado.
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Barrientos en cualquier caso ha agradecido la presencia en el acto del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Hacía años, desde 2015, que el jefe del Ejecutivo catalán no acudía al inicio del curso judicial en Cataluña. Sus antecesores mantuvieron una pugna abierta con los jueces a cuenta del 'procés'. «No se debería haber perdido la institucionalidad», ha asegurado Barrientos. A su entender la crítica de las resoluciones judiciales es legítima, pero no lo es la descalificación y el insulto, pues puede «socavar la confianza de la sociedad en sus jueces», que es «lo que buscan quienes utilizan la insidia para debilitar las instituciones democráticas».
Las palabras de Barrientos se han producido un día después de que el Parlament aprobara una resolución en la que reclamaba a los jueces la aplicación de la ley de amnistía «sin más dilaciones ni arbitrariedades para respetar la voluntad del legislador». Apoyaron esta moción todos los grupos menos PP y Vox. No salió adelante, en cambio, una resolución de Junts, ERC y la CUP que pedía constatar la «rebeldía de la cúpula del poder judicial español al no aplicar, de manera deliberada y arbitraria», la Ley de amnistía.
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