La subasta

Su antecesora Meritxell Batet no permitió sustituir el idioma común por los cooficiales de las comunidades en el Congreso, así que, en lugar de cambiar los reglamentos, se cambia la presidenta y problema resuelto. Habrá que esperar el goteo de filtraciones para tener una idea global de hasta dónde ha llegado la subasta de Sánchez. Pero más allá del relativismo audaz de los que intentan quitar hierro a las primeras donaciones del presidente en funciones, no se puede infravalorar el impacto político y judicial de lo cedido ante ERC y Junts. Empezando por lo más grave, el compromiso de «desjudicializar las consecuencias penales del 'procés'» y sustituir a los jueces por los políticos, como afirmó Rufián. Hay miles de independentistas con causas pendientes por su participación en lo que desembocó en el gran desafío secesionista del referéndum ilegal de hace seis años.

Este pacto, cuya opacidad no permite conocer su alcance ni los procedimientos que se van a manejar, abre una vía de arbitrariedad y populismo judicial de incalculables consecuencias. Los socios del PSOE ya hablan sin pudor de amnistía. En cualquier caso el ciudadano de un país democrático tendrá derecho a preguntarse con qué tipo de ética y de moral cierta clase política se libra del peso de la justicia.

En el paquete de la Presidencia del Congreso se incluyen el apoyo del PSOE a investigarse a sí mismo y al Estado en sendas comisiones parlamentarias sobre el presunto espionaje telefónico ('caso Pegasus') a políticos secesionistas y sobre el atentado de Las Ramblas el 17 de agosto de 2017. Ambas ponen bajo sospecha al Estado y a sus servicios de inteligencia y victimizan a los que prepararon el referéndum ilegal y la proclamación de la República catalana. Como la mayoría de las comisiones es previsible que no ofrezcan ningún nuevo elemento sobre las investigaciones policiales y judiciales. Pero garantizan que durante meses o años el Congreso se convierta en caja de resonancia de la tesis independentista sobre la represión y opresión de las libertades en Cataluña. El precio de la presidenta del Congreso puede ser barato para algunos, pero el impacto institucional tendrá un coste muy alto.