José Luis Moreno elude la prisión tras pagar la fianza con avales hipotecarios

A primera hora de la mañana, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Ismael Moreno, permitió que el acusado hiciera frente a la fianza con avales hipotecarios, en lugar de garantías bancarias o dinero en metálico, después de admitir de forma parcial un recurso presentado por su abogado.

Esta forma de pago ha supuesto que Moreno tuviera que respaldar el doble de la cantidad que se le había señalado inicialmente, tres millones de euros, según fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dentro de la trama que investiga un supuesto fraude societario superior a los 50 millones, Moreno y el que sería su socio en esta presunta «organización criminal», Antonio Aguilera, están imputados por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible.

Ambos fueron arrestados la semana pasada en una macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona que terminó con 47 detenidos en varias ciudades, y con registros en viviendas y empresas, todo como parte de esta causa, que sigue secreta.

De momento, el magistrado ha acordado libertad bajo fianza para los arrestados que han pasado por la Audiencia Nacional. Así, ha fijado en 200.000 euros la de Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, que figura como administradora de algunas de las empresas señaladas.

La investigación comenzó en el año 2018 a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.

El juez apunta en un auto, además, a la existencia de «una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés».

«Ligada directamente» a esta organización criminal, explica el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obttenido a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.

El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como «máximos responsables» y Antonio José Salazar como tercero en acción. Cada uno tendría una función específica. El productor de televisión, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Para el juez, «queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales». Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria, utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con «facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios».

Ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar, de acuerdo con el magistrado. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, afirma el magistrado en un auto al que ha tenido acceso este periódico.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones movían «grandes cantidades de dinero en efectivo», a las que intentaban dar salida de dos formas: con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla, para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

Se calcula, en base a las pesquisas realizadas hasta la fecha, que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. En este sentido, destaca que, solo en una de estas maniobras, Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.

Al instructor le llama la atención que para conseguir sus fines recurrían a «cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos». Así, resalta que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, «dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos».

Toda esta dinámica fraudulenta, expone Ismael Moreno, no habría sido posible sin la ayuda de terceras personas, entre las que menciona a abogados, gestores, empleados de banca y «personas de su especial confianza». Los investigadores de la 'Operación Titella' creen que la organización contaba con más de 700 mercantiles.