El jefe de Anticorrupción niega «tajantemente» que el 'caso Villarejo' salpique a Delgado y Garzón

A Stampa le abrieron un expediente interno por su vinculación personal con una abogada de Podemos, que ejerce la acusación popular en el 'caso Villarejo'. Pese a que acabó archivado, este procedimiento socavó su imagen para conseguir una plaza fija en Anticorrupción en octubre de 2020 (llevaba cuatro años en comisión de servicios), según denunció éste, que reclama ahora 200.000 euros al Ministerio de Justicia por el daño reputacional ocasionado.

Para solventar este asunto que periódicamente proyecta sobre Delgado, en el Pleno del Consejo Fiscal intervino de forma excepcional su número dos y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Éste explicó a los vocales que su departamento «buscaba un perfil reservado y ajeno a cualquier protagonismo con los medios de comunicación». Una forma de no apoyar la continuidad de su subordinado Stampa, que al final no obtuvo ningún voto en el Consejo Fiscal. Tampoco de los vocales de la asociación a la que pertenecía.

Luzón también salió en defensa de la honorabilidad de Delgado al afirmar «tajantemente» que el 'caso Villarejo' no salpica a la fiscal general «ni a nadie relacionado con ella», en referencia a su pareja Baltasar Garzón, cuyo despacho de abogados defiende a algunos policías imputados en la causa. Los cinco vocales de la Asociación de Fiscales (AF) -contrarios a Delgado, que pertenece a otro colectivo profesional- le preguntaron por este asunto, pero ésta no contestó porque se trataba de «materia reservada», alegó.

En un comunicado, la asociación ha defendido que «la materia no se puede considerar reservada por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado (el fiscal Stampa) ha solicitado su exhibición».

La AF había solicitado también el «expediente o expedientes disciplinarios incoados contra Stampa, en tramitación o ya archivados», así como el expediente de abstención de Delgado con relación a las diligencias abiertas al fiscal. Consideran que la fiscal general «debió abstenerse por ser parte afectada» y que no debió intervenir en los debates.

Frente a esta postura, la jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz Gaite, informó en el Consejo Fiscal que no existe cobertura legal para que una fiscal general «se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional». Por lo tanto, «pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad» de Delgado.

Para la Asociación de Fiscales, en cambio, existe una «preocupación generalizada de toda la carrera por los últimos acontecimientos que están dañando su imagen y a la propia institución», y la razón es la «falta de credibilidad ante la opinión pública» de Delgado. A su juicio, «su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema».

La exministra de Justicia salió reforzada el pasado 19 de octubre después de que el Tribunal Supremo ratificara su nombramiento al rechazar los recursos de PP y Vox por no estar legitimados por su condición de partidos políticos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no entró ni siquiera en el fondo sobre su idoneidad. El mandato de Delgado, por ahora, ha estado marcado por la resaca de su aparición en audios intervenidos a Villarejo y la reunión con periodistas críticos con el Gobierno tras la excarcelación del comisario jubilado en marzo pasado.