El jefe de Anatomía de la Complutense se enfrenta a ocho años de cárcel por el «sótano de los horrores»

El director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, José Ramón Mérida, justificó entonces que no tenía medios para gestionar los cuerpos, ya que el responsable del horno crematorio se había jubilado y no habían podido sustituirle. No obstante, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias tras la denuncia de una trabajadora, el caso se judicializó y este miércoles ha presentado su escrito provisional de acusación.

Solicita ocho años de prisión para José Ramón Mérida Velasco, el único procesado por las condiciones infrahumanas de las instalaciones con motivo del hacinamiento de cadáveres. En concreto, tres años por un delito contra la salud de los trabajadores y un año por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral. La acusación particular, en nombre de los afectados, eleva su petición a 21 años de cárcel y 264.000 euros de indemnización.

Según el relato del Ministerio Público, el médico obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios «en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas», y desatendió «sistemáticamente» las «justas» demandas de los empleados «al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución».

Una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales, «hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción».

Mérida era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico. «El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos».

Así, el acusado ordenaba a los técnicos los trabajos que debían realizar o les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies. Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos «determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores».

Tales circunstancias eran conocidas por Mérida, «así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía». Por ejemplo, los técnicos trabajaban en un sótano «que carecía de ventilación adecuada» por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases.

Incluso la Fiscalía advierte de que no existía «ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos».

Respecto a la cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres, cuando se averió el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados. «Sin embargo, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición», añade la Fiscalía.

Para solventar el problema, Mérida ordenó instalar otro motor, «pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición».

Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que «los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales».

Carecían incluso de un libro de instrucciones y de funcionamiento del horno crematorio. A la primera queja motivada por el mal funcionamiento de la cámara frigorífica por exceso de cadáveres y el mal olor que desprendía, la respuesta fue: «Las puertas cerradas y que no se hable nada».