Rebaja de penas y responsabilidades políticas

La supresión de la mencionada disposición adicional era una constante reivindicación de Bildu y no figuraba en el proyecto de ley original enviado por el Gobierno al Consejo de Estado primero, para que emitiera el preceptivo informe, y al Congreso de los Diputados después, para su tramitación parlamentaria. La supresión se debe a una enmienda presentada por un diputado comunista (de Sumar), concertado obviamente con Bildu y con el visto bueno del PSOE. Enmienda presentada durante el procedimiento legislativo y que –asombrosamente– fue aprobada sin oposición alguna. La Comisión de Justicia no puso reparos; el Pleno del Congreso aprobó la reforma por unanimidad (con los votos del PP, Vox y UPN incluidos); y en el Senado no se presentó enmienda alguna en contra. Llegados a este punto el proyecto se convertirá inexorablemente en ley el próximo 14 de octubre salvo que el Gobierno haga uso de su facultad de retirar el proyecto: un proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad en el Congreso.

La reforma pone de manifiesto la existencia de un acuerdo entre el Gobierno y Bildu para lograr la progresiva excarcelación anticipada de los presos de ETA. Es cierto que aunque el PP y Vox hubieran votado en contra la enmienda habría salido adelante, pero resulta escandaloso que dichos partidos hayan votado también a favor. Resulta patético que, ante esa situación, el líder de la oposición parlamentaria se haya limitado a pedir «perdón» por el «error». En política, la asunción de responsabilidades implica dimisiones. Los diputados que firmaron «haber estudiado con detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas» y votaron a favor –aunque ahora digan estar en contra– deberían presentar su dimisión irrevocable. Y en cuanto a los demás, ha quedado en evidencia una incompetencia generalizada y una culpable falta de diligencia agravada por el hecho de disponer de más de cien asesores contratados a dedo (PP y Vox disponen de 125): los diputados no saben ni lo que votan. Con ello se da un paso más en el desprestigio de la institución parlamentaria y en la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus representantes.