Israel acusa al Gobierno de sacrificar cuestiones de seguridad «por fines políticos»

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha condenado la decisión del Gobierno español de cancelar el contrato con una empresa israelí para la adquisición de balas y ha afeado que con ello lo que está haciendo es dejar de lado la seguridad «por fines políticos». Una crítica que surge como resultado de la rescinsión del acuerdo comercial por parte del Ministerio del Interior a raíz de las presiones de los distintos grupos políticos de la izquierda.

«Israel condena enérgicamente la decisión del Gobierno español de cancelar un contrato firmado con la empresa de defensa IMI Systems- valorado en 6.642.900 millones de euros-, así como su anuncio de que se abstendrá de concluir acuerdos de defensa con empresas israelíes en el futuro», ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Además, desde el Ejecutivo de Netanyahu han asegurado que para España supone colocarse «en el lado equivocado de la historia, contra el estado Judío, que se está defendiendo de ataques terroristas en siete frentes» y que, como consecuencia de ello, está «sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos».

Una reacción que complica aún más la crisis diplomática en la que están sumidos ambos países desde noviembre de 2023, como consecuencia del viaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó a la franja de Rafah. Una visita que coincidió con la primera liberación de rehenes israelíes por parte de Hamas y en la que el Ejecutivo de España expresó su preocupación por las actuaciones israelíes en la Franja de Gaza.

Las declaraciones del Gobierno provocaron que el gobierno israelí se defendiese y criticase públicamente a España e incluso a llamar a consultas a su embajadora en Madrid, Radica Radian-Gordon. Este hecho supuso un punto de inflexión en una relación que, aunque históricamente ha tenido altibajos, rara vez había alcanzado un nivel de confrontación tan directo en tiempos recientes.

La polémica entre España e Israel comenzó en el momento en el que se hizo pública la compra de más de 15 millones de balas a una empresa israelí por valor de más de seis millones de euros. La operación, que había sido licitada en febrero del año pasado y adjudicada ocho meses después, se vio impulsada por el Ministerio del Interior durante la Semana Santa a raíz de un informe de la Abogacía del Estado en el que desaconjesejaban a los de Marlaska tomar esa vía dada la avanzada fase del contrato.

Al conocerse la noticia, surgió una nueva crisis dentro del Gobierno de coalición debido a la oposición de Sumar a seguir manteniendo relaciones comerciales con el país que gobierna Netanyahu y, por tanto, exigieron la rescisión del contrato. Amenazó, incluso, con romper la coalición.

Ante esta presión, Moncloa ordenó al Ministerio de Interior la búsqueda de una «solución» a través de una fórmula legal que permitiese rescindir el contrato armamentístico «por razones de interés general», según informaron desde el Gobierno. El comunicado emitido por el Ejecutivo explica que, «tras haber agotado todas las vías negociadoras, la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems». «La Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato», añade.

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