Investigan si el marido de Ana Rosa contrató a Villarejo por un caso de corrupción en Granada

Once años de procedimiento que tiene atrapados, entre otros, a tres miembros de una misma familia, empresarios sevillanos del ladrillo con intereses en el polígono industrial Marchalendín. Se trata del patriarca Fernando Muñoz Noguera y dos de sus cinco hijos, Fernando y Juan Muñoz Tamara.

Éste último es el marido de la periodista Ana Rosa Quintana y junto a su hermano están investigados, además, en una de las piezas de la 'operación Tándem' en la Audiencia Nacional, cuyo principal acusado es el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre pasado.

Fernando y Juan fueron detenidos por estos hechos, junto a dos abogados, por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el pasado 31 de julio, y dos días después quedaron en libertad tras comparecer ante el juez Diego de Egea. Ambos siguen estando investigados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Los investigadores sospechan que la pieza separada que les afecta, denominada 'Pintor', se refiere en realidad a la calle donde está el juzgado granadino y no, como se ha hecho creer, a un cliente del exjuez Francisco Javier de Urquía, que inicialmente se señalaba como la persona que trataron presuntamente de extorsionar con un vídeo comprometido para cobrararse una deuda de un cliente.

El pasado 6 de septiembre, precisamente, De Urquía testificó en la Audiencia Nacional y negó al juez haber sido extorsionado o amenazado por los investigados o por el entorno del comisario Villarejo, a quien los primeros encargaron este servicio parapolicial. Expulsado de la Carrera Judicial en 2007 por aceptar dinero de uno de los investigados en la 'Operación Malaya', el ahora abogado se reconoció en dos vídeos hallados en los registros de la 'operación Tándem', si bien reiteró que los investigados no los usaron contra él.

Fuentes jurídicas consultadas señalaron que el objetivo de los Muñoz no era cobrarse una deuda, como se ha dicho, sino que la Audiencia de Granada fallase a favor de su segundo recurso para archivar el 'caso Marchelo' por dilaciones indebidas y no prorrogarlo otros 18 meses. Esta apelación se presentó en enero de 2017, la conversación entre los hermanos Muñoz y Villarejo tuvo lugar entre febrero y mayo siguiente, según publicó 'El Mundo', y a finales de ese mes la Audiencia rechazó la petición de los empresarios.

En concreto, cuando en esa conversación intervenida se menciona a la «víctima» podrían referirse a un colaborador al que quiere adjudicar la culpa o a un funcionario de justicia, alguien que pudiera favorecerles en el recurso. Al no ser De Urquía, que fue juez en Málaga, podría tratarse del actual presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes, que también fue togado en Málaga como su excompañero.

Asimismo, la referencia a que la víctima «podría tenerle miedo a la doña» se podría tratar de la mujer del magistrado, la también juez Lourdes García, actual presidenta de la Audiencia de Málaga.

En el 'caso Marchelo', Juan Muñoz compareció como investigado en abril de 2007 por ser el principal promotor del polígono Marchalendín y porque aparecía en numerosas ocasiones en las escuchas telefónicas llevadas a cabo por los investigadores policiales al exedil de Urbanismo de Alhendín, Manuel Fernández Moreno. Al marido de Ana Rosa le imputan varios delitos, entre ellos cohecho, por una promoción del parque industrial y la contratación de la obra de un parque público en el municipio.

En la promoción de Marchalendín se investiga si Juan y sus allegados consiguieron del entonces edil de Urbanismo licencias de obras contrarias a la legalidad urbanística. De igual modo, se indaga si tuvo lugar la recepción oficial de las obras sin estar terminados diferentes servicios de la urbanización. La realidad es que el parque empresarial dejó una deuda de entre 70 y 80 millones de euros y está próximo a la quiebra por el incumplimiento del convenio de acreedores. Éstos podrían querellarse por insolvencia punible y comprometer el patrimonio de los accionistas fundadores, entre ellos la familia Muñoz Tamara.

En cuanto a la contratación de las obras del parque público del pueblo granadino, el juzgado trata de esclarecer si pudo mediar algún tipo de soborno -siempre supuestamente- al exconcejal y al exalcalde para que adjudicaran las mismas a una empresa en la que figura como consejero delegado Fernando Muñoz, hermano de Juan. Las diligencias del juzgado ya han finalizado, por lo que la causa se encuentra en la recta final antes de ser llevada a juicio tras once largos años de instrucción, tres jueces distintos y 16 investigados.