El juez atribuye a Aguirre un «papel decisivo» en la financiación irregular del PP de Madrid

En sus 85 páginas de resolución, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón repasa los indicios que sustentarían la financiación «opaca y fraudulenta» de los populares madrileños. Una actividad ilícita que repercutió en las campañas autonómicas de 2007 y 2011, en las que Aguirre venció por mayoría absoluta, y en las generales de 2008. La investigación judicial revela que el partido dirigido por la ahora encausada «soslayó sistemáticamente el límite de gasto electoral» y «ocultó» a la Cámara de Cuentas regional y al Tribunal de Cuentas «el verdadero coste de estas campañas y su financiación».

Pero, ¿en qué lugar de este relato supuestamente delictivo se encontraba la expresidenta y exministra de 67 años? El juez le da un papel vertebral, hasta el punto de que sospecha que «ideó la búsqueda de recursos» para costear las campañas que ella elegía, y fue «la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad». Es decir, que tenía un «control directo» sobre cualquier toma de decisión al respecto.

En este grupo de afines estaban, como no, los investigados Ignacio González, el dimitido expresidente madrileño tras su detención en el 'caso Lezo'; Francisco Granados, el exconsejero y número dos del PP de Madrid con Aguirre e imputado en las tramas de Púnica y Lezo; y Beltrán Gutierrez, el tesorero regional. En un segundo peldaño estarían el exconsejero Alberto López Viejo, condenado en el 'caso Gürtel', la exdirectora general de Medios Isabel Gallego y el citado Lamela.

Todos participaron en reuniones en 2003 y 2004 en las que se habrían dado instrucciones para que se contara con el empresario Daniel Mercado y su mercantil Over Marketing para las contrataciones de publicidad y comunicación. Participaron hasta ocho consejerías, pero en realidad era un plan para poner la partida de publicidad institucional al servicio del partido.

Este «plan preconcebido» consiguió desviar entre 2006 y 2010 un flujo de fondos de diversas consejerías de la Comunidad de Madrid o de entes públicos adscritos a las mismas. A saber, según el juez, Fundescam, una fundación vinculada al PP regional que fue presidida por Aguirre; ICM, la agencia de informática regional; Canal de Isabel II, empresa pública de aguas; Campus de la Justicia; Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) o Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio).

Estos organismos adjudicaron contratos «amañados» de publicidad a las compañías de Mercado. Pero estos trabajos disimulaban en parte el verdadero objeto: recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el PP de Madrid. Entre 2006 y 2008 se dieron contratos públicos al entramado societario por más de cinco millones de euros.

Del mismo modo, se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos (construcción de obras) para introducir una cláusula en los pliegos que obligaba a los contratistas a abonar hasta un 1% del presupuesto para la contratación de publicidad. Según el auto, Aguirre, González, Granados o Lamela «conocían que era una cláusula nula que incrementaba el precio de los contratos para pagar unas prestaciones ajenas al servicio», generando un perjuicio a las arcas públicas.

En el caso de Cristina Cifuentes, los indicios se centran en un presunto beneficio a Arturo Fernández (dueño del Grupo Cantoblanco y exvicepresidente de los empresarios madrileños) mediante la adjudicación de contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid a cambio de financiar al partido regional.

En concreto, dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP. El juez, como hizo en su momento la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea a sus empresas de contratos de restauración en 2009, 2011 y 2013.