La investigación sobre el espionaje a Sánchez, Marlaska y Robles se encamina a una vía muerta

La situación de la investigación-explican fuentes muy cercanas a la misma- no ha variado tras las escasas diligencias posibles, la absoluta falta de colaboración de las autoridades israelíes en la causa y la poquísima información que el Centro Criptográfico Nacional (el CCN, corazón tecnológico de los servicios secretos) ha aportado hasta el momento.

Los cinco interrogatorios de testigos realizados hasta la fecha, admiten estas fuentes, no han servido de nada. La exdirectora del CNI Paz Esteban descartó que los propios servicios secretos nacionales estuvieran detrás del espionaje al presidente y a los ministros y no aventuró ninguna hipótesis. El funcionario 7613 del CCN (que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado) se limitó a corroborar las fechas de los ataques y las envergaduras de los robos de datos: que el dispositivo de Sánchez fue infectado por 'Pegasus' en dos ocasiones -el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021- con un robo de información de 2,6 gigas y 130 megas; que el de Robles resultó 'hackeado' en junio de ese mismo año y que de él salieron solo nueve megas de datos; que el terminal de Grande-Marlaska fue infectado con el 'malware' en dos ataques el 7 y el 26 de junio 2021 sustrayéndole 6,3 gigas; y que por la misma época, el smartphone del ministro Luis Planas fue atacado también con 'Pegasus' pero sin que lograra extraer información. Y a partir de ahí, nada más.

Las explicaciones y evasivas de Félix Bolaños, interrogado por escrito en su condición de responsable de una parte de la seguridad de la Moncloa en el momento en el que el virus entró en el móvil de Sánchez en 2021, no arrojaron tampoco nada de luz. Y los interrogatorios, en octubre y también por escrito, de los titulares de Interior y Defensa tampoco sirvieron de nada porque ambos alegaron no haber sido conscientes del robo de la información hasta que fueron advertidos por parte del CCN la pasada primavera tras el análisis de sus terminales; y que no sabían qué información exacta pudo salir de sus smartphones. El único interrogatorio pendiente sería el del propio Sánchez, pero habida cuenta de los antecedentes Calama sigue meditando si merece la pena citar al presidente del Gobierno.

La segunda vertiente de la investigación también ha entrado en vía muerta. El CCN ya ha certificado a Calama que, más allá de la cantidad de datos y la fecha de los ataques, no dispone de los instrumentos precisos para saber cuáles fueron los datos exactos sustraídos y, mucho menos, quién ordenó el robo de información.

La tercera puerta todavía no se ha cerrado oficialmente, pero todo apunta a que este camino tampoco va a ofrecer resultado alguno. Las autoridades israelíes, a día de hoy, ni tan siquiera se han dignado a responder a los tres requerimientos de información efectuados en sendas comisiones rogatorias por Calama. Silencio cuando el 10 de mayo el magistrado pidió por primera vez ayuda al Gobierno del Tel Aviv para aclarar «aspectos esenciales» sobre 'Pegasus' y la empresa que lo fabrica y distribuye, NSO Group. Ninguna respuesta cuando el 7 de junio el magistrado requirió autorización a Israel para «el desplazamiento de la comisión judicial» para interrogar a los responsables del 'malware'. Y, de nuevo, el vacío más absoluto cuando el 7 de septiembre Calama libró una nueva comisión rogatoria preguntando por la falta de respuesta de las anteriores.

En el tribunal de la calle Génova dan por hecho que Israel jamás va a colaborar en una investigación de este calado sobre una de sus empresas vinculada a la industria de la seguridad y el espionaje. De hecho, recuerdan responsables judiciales, no lo ha hecho con ninguna de las reclamaciones de información que se han sucedido en los últimos años en varios países a cuenta del espionaje con 'Pegasus'.

El Gobierno español, además, no está dispuesto a ejercer la única forma de presión, aunque fuera mínima, hacia el nuevo Ejecutivo de Benjamín Netanyahu para reclamar colaboración judicial: una queja oficial por ante las autoridades del Tel Aviv, ya que es el Ministerio de Defensa de Israel el que debe autorizar cada exportación de NSO Group.

Así las cosas, las 'Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 0000068 /2022', reconocen en la Audiencia Nacional, están cada vez más abocadas al archivo provisional sin haber arrojado un solo dato que avale la original sospecha del CNI de que detrás de los pinchazos de los móviles de Sánchez, Grande-Marlaska y Robles estuvieron los servicios secretos marroquíes.

Hasta ahora, recuerdan fuentes de la investigación, esa hipótesis solo se basa en meros indicios: que los ataques se produjeron coincidiendo con la entrada irregular en mayo de 2021 en Ceuta de cerca de 10.000 personas azuzadas por las autoridades vecinas en plena crisis bilateral por la acogida en España del líder del Polisario, Brahim Ghali; o que NSO solo vende su famoso 'malware' a gobiernos.