La investidura de Aragonès continúa encallada por la guerra interna en Junts

ERC y Junts no pueden ni verse. Las confianzas saltaron por los aires en octubre de 2017. Pero no tienen alternativa a entenderse, toda vez que ambos firmaron un compromiso en plena campaña de que no pactarían con el PSC. La estrategia de bloques puesta en marcha durante el 'procés' impide a los republicanos buscar alianzas que no pasen por Junts y la CUP. Se ha producido un cambio en la correlación de fuerzas en el independentismo, que en las filas junteras no acaban de asumir.

Aunque si no hay acuerdo secesionista también tiene que ver con cuestiones coyunturales. Una es por la corrupción que afecta a Laura Borràs y la otra con la creación de Junts. La formación de Carles Puigdemont apenas tiene seis meses y no se ha dotado aún de toda su estructura interna. Es un partido a medio hacer. Y ha convocado un congreso extraordinario para el 7 y el 8 de mayo, donde entre otras cosas se elegirá al president del consejo nacional. Las luchas internas están aflorando en las últimas semanas, especialmente entre Carles Puigdemont y Laura Borràs, los dos pesos pesados de la formación, que están en pugna por controlar el partido. En ERC llevan semanas avisando a sus futuros socios que antes que negociar el gobierno lo que tienen que hacer es «arreglar» su casa. En esas están. Puigdemont, Sànchez y Borràs batallando por ver quién manda.

Junts es a día de hoy una amalgama en la que cohabitan antiguos dirigentes convergentes, que abogan por entrar ya al Govern con ERC, están los que abogan por romper la baraja y los que prefieren apoyar a investidura y luego pasar a la oposición. Las tres almas comparten que ERC es el adversario y como ya han apuntado desde las filas nacionalistas, el Govern de Aragonès será un «Vietnam». Reprochan a los republicanos que corrieran para pactar con la CUP antes que con quienes serán sus socios. ERC y Junts retomaron las conversaciones el viernes pasado, tras estar ocho días en 'standby', sin que nadie sepa explicar por qué, en un momento decisivo de la pandemia. El fin del estado de alarma el 9 de mayo debería ser un estímulo para los independentistas para formar gobierno.

La clave está en ponerse de acuerdo sobre de qué va la legislatura. Esto implica cómo se actúa tras el posible fracaso de la mesa de diálogo, a la que dan de plazo hasta 2023, y si vuelve a haber embate contra el Estado. Junts quiere dar batalla desde el Parlament y por eso ha movido sus fichas para tener una Mesa de la Cámara catalana de mayoría independentista. El problema es que Laura Borràs, presidenta del Parlament, tiene cuentas pendientes con la justicia.

Su caso de presunta corrupción, por adjudicar presuntamente a dedo contratos públicos a un amigo mientras era directora de la Institución de las letras catalanas ya está en el TSJC, después de que la investigación, muy avanzada, la liderara el Tribunal Supremo, pues hasta hace bien poco era aforada por su condición de diputada en el Congreso. ¿Qué pasará si es procesada? Junts está dispuesto no solo a ignorar el reglamento de la Cámara, que obligaría a la dirigente nacionalista a apartarse, sino también a buscar un cambio ad hoc del reglamento. ERC y la CUP tendrán una posición muy delicada. También en la cuestión que afecta al diputado Lluís Puig, huido en Waterloo junto a Puigdemont, a quien la Mesa ha permitido delegar su voto. El PSC lo ha recurrido al Constitucional. Si el Alto Tribunal da la razón a los socialistas y Puig sigue pudiendo votar, los miembros de ERC, Junts y la CUP en la Mesa volverán a estar en riesgo de incurrir en desobediencia. Jaume Alonso-Cuevillas ya lo advirtió y por esa razón fue cesado.