Interior renueva su arsenal de pelotas de goma mientras negocia prohibirlas

La formalización de esta adjudicación (a un coste de poco más de dos euros por pelota) tuvo lugar el pasado 15 de diciembre, de forma simultánea al inicio de las conversaciones y contactos entre los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos con los partidos aliados del Gobierno para reformar la 'ley mordaza' basándose en el texto pactado solo días antes por las dos formaciones que conforman el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Precisamente, el punto del proyecto de socialistas y morados que más ampollas levanta entre los socios de legislatura es la negativa de los dos partidos del Gobierno a prohibir expresamente por ley el uso de las pelotas de goma en las fuerzas de seguridad del Estado. Singularmente, ERC y Bildu han hecho de la abolición de este material antidisturbios su principal caballo de batalla en esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una prohibición que también ven con buenos ojos partidos como el PNV, PDeCAT, Más País o la CUP.

Republicanos catalanes e independentistas vascos, incluso, amagan con no apoyar finalmente la reforma de la 'ley mordaza' si no se cambia la redacción propuesta por el PSOE y Podemos. Unas presiones que han hecho que el Gobierno, al menos formalmente, se haya comprometido (de forma paralela a la compra de esas más de 8.000 pelotas) a estudiar opciones para ver si es posible prohibir el uso de estas bolas que ahora vuelven a llenar sus armeros. Unos proyectiles que son considerados por todos los expertos en seguridad como el material más lesivo para reprimir algaradas, ya que no se puede controlar su trayectoria y su rebote alcanza con facilidad el rostro de los manifestantes, aunque las pelotas de caucho sean disparadas contra la parte baja del cuerpo.

En el texto de PSOE y Unidas Podemos, que ha sido defendido a capa y espada por el Ministerio del Interior, no se veta finalmente el uso de estas polémicas bolas. Solo se establece que «las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquéllos que causen lesiones irreparables».

Sin embargo, esa redacción que forzó finalmente el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no era la que se intercambiaron los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo el pasado octubre, cuando se conjuraron para dar un empujón definitivo para enterrar la normativa aprobada por la mayoría parlamentaria del PPen 2015. En esa redacción primigenia que fue censurada por Interior se establecía literalmente que «las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, quedando excluido el uso de las pelotas de goma».

A pesar de que la Guardia Civil acaba de renovar su arsenal de bolas de caucho, incluso en Podemos, que en noviembre tuvo que renunciar a la abolición para llegar a una propuesta conjunta con el PSOE, aspiran a poder acabar de forzar un cambio de opinión en Interior para acabar por prohibir el uso de este material en la Policía y la Guardia Civil.

El resto de las policías del país con unidades antidisturbios –Mossos, Ertzaintza y Policía Foral– han ido prohibiendo en los últimos años la utilización de estas pelotas de gomas.

Las unidades de intervención de los cuerpos autonómicos han apostado por el uso de proyectiles de foam, mucho menos lesivos que las bolas de caucho, que solo en la última década han causados graves lesiones oculares entre manifestantes o, incluso, han provocado víctimas mortales, como ocurrió en 2012 cuando un pelotazo de la Ertzaintza acabó con la vida del aficionado del Athletic de Bilbao Íñigo Cabacas.