Interior presiona a los reclusos de ETA para que paguen las indemnizaciones

Seguir la evolución financiera de las personas condenadas por terrorismo resultan difícil. La «picaresca», reconocen desde el Ejecutivo, ha sido una práctica habitual. «Trabajos en negro, cuentas y bienes que nunca están a su nombre...». La lista es larga. Pero fue hace cuatro años cuando el Gobierno decidió 'meter mano' de manera decidida.

La clave fueron dos modificaciones legislativas. La primera, la de la Ley de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo de 2011 -se hizo efectiva cuatro años despúes-, que permitía al Gobierno actuar de oficio para reclamar las cuantías que había adelantado para resarcir a los damnificados. La segunda afectó a la ley de Enjuiciamiento Civil. En 2015 se fijó que la reclamación de dichas indemnizaciones prescribían a los cinco años, en lugar de a los 15, lo que obligó a Interior a pisar el acelerador. Más de 60 casos caducan en junio de 2020.

El Gobierno delegó la reclamación de la responsabilidad civil en la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo. «Cuando un damnificado solicita la indemnización a Interior fijada en sentencia, en el escrito a presentar figura una cláusula en la que cede a la Administración la capacidad de reclamar el dinero a los condenados», apunta la responsable de este departamento, Sonia Ramos. Es decir, una vez el Ejecutivo abona la indemnización, la deuda del preso pasa a ser con el Estado, no ya con la víctima.

Interior ha tejido a contrarreloj una red de colaboración con profesionales de Instituciones Penitenciarias y la Audiencia Nacional. «Ha sido complicado porque no es fácil obtener una información que en muchos casos no está digitalizada. Se han escaneado sentencias y se ha creado una base de datos», explica Ramos. Conocer en qué cárcel se encuentra cada preso y certificar la cuantía que debe, así como si ha empezado o no a abonar la responsabilidad civil, son algunos de los pasos que el Ejecutivo debe dar antes de formalizar una reclamación oficial.

Dicho esto, Interior ha abierto 775 expedientes -petición de información, etcétera- en los últimos cuatro años relativos a 358 sentencias. Cabe recordar que en una misma resolución puede haber sido condenado más de un terrorista.

«Hace dos años que el sistema empezó a funcionar con mayor velocidad y podría decirse que desde el último trimestre está engrasado», afirma Sonia Ramos. La pasada semana llegó a firmar casi una treintena de reclamaciones. ¿Cuál suele ser la respuesta de los reclusos? «La mayoría presentan alegaciones. Algunos dicen que pagan el peculio -dinero que reciben los presos de familiares para sus gastos-, otros que ha prescrito y hay quienes se declaran insolventes», explica la directora de la oficina de víctimas. La clave, ahora bien, es que la mera petición formal interrumpe la prescripción de la responsabilidad civil.

Lo habitual es que los presos ni siquiera empiecen a pagar parte de lo que deben. «Solo lo hacen los de la 'vía Nanclares' y pocos más», asume Ramos. Y eso que de hacerlo, supondría un gesto tangible hacia sus víctimas. Cabe señalar que para obtener el tercer grado los presos tienen que haber empezado apagar la responsabilidad civil.

Interior mantiene reuniones con la agencia tributaria para que, «de detectar algún ingreso», proceda a su embargo. Los reclusos, tanto dentro de prisión como los que están en semilibertad, pueden acceder a un trabajo. «El salario mínimo -el Ejecutivo acaba de subirlo a los 900 euros- no puede ser embargado, pero a partir de esa cantidad, sí. Siempre que no cobre en negro y todos los trucos que suelen utilizarse», subraya Ramos. La pregunta es clara: ¿Cuánto dinero ha recuperado el Estado? Se desconoce, pero las fuentes consultadas aseguran que es una cifra «irrisoria» si se compara con la deuda que acumulan.