Interior elimina por decreto la altura mínima para acceder a la Policía

La retirada de esta exigencia venía siendo reclamada por varias organizaciones profesionales y sindicatos, que habían denunciado que se trataba de un requisito discriminatorio.

La aplicación del nuevo Real Decreto sobre el 'reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional' que acaba con el listón de la altura será ya una realidad en las próximas convocatorias, aunque éstas no se esperan hasta el próximo 2023.

La estatura mínima ha desparecido en otros cuerpos civiles de policía de países europeos, como Francia, Italia –Carabinieri y Polizia di Stato–, Países Bajos, Finlandia, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Austria, Irlanda, Reino Unido, Rumanía, Dinamarca y la Policía Federal de Alemania.

Responsables de Formación del CNP explicaron que la altura mínima de 1,60 para las mujeres era «especialmente discriminatoria» porque estadísticamente en España hay muchas más féminas por debajo de este rango que hombres por debajo del 1,65.

El pasado febrero, fue el propio titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska el que anunció la determinación de su departamento de acabar con «este techo de cristal» sobre todo para las mujeres. «La actual regulación es más restrictiva para la mujer. Su límite está solo dos centímetros por debajo de la estatura media de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres el margen llega hasta los nueve centímetros», denunció el ministro.

Pero más allá de una decisión política, el fin de la altura mínima en el CNP era una obligación legal. El pasado julio el Tribunal Supremo anuló el requisito de la altura mínima de 1,60 metros para las mujeres que querían presentarse a las fuerzas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía al considerar que se trataba de una «discriminación indirecta» frente a los varones.

En esencia, la Sala III certificó que ese listón era mucho más difícil de alcanzar para las féminas frente al 1,65 exigido para los varones. Y es que, según las estadísticas en las que se apoyaron los magistrados, el 25% de la población femenina española no llega a ese 1,60 frente al solo 3% de los hombres nacionales que no superan el 1,65.