Interior desoyó durante once meses la orden de detención de Suiza contra Falciani

La orden de detención internacional (OID) fue tramitada por la Fiscalía del cantón de Ginebra a través de la Oficina Federal Judicial y llegó a 27 países, entre ellos España, según el formulario de la OID al que ha tenido acceso este periódico. Dicho documento especifica, no obstante, que la fecha de emisión de esta orden es de 19 de marzo pasado, por lo que han pasado casi 11 meses desde que la información sobre Falciani llegó a Sirene España (cuya oficina está en una sede de la Dirección General de la Policía en Madrid) hasta que se dio trámite y 15 días más hasta que se le detiene.

Según un portavoz oficial de la Fiscalía suiza consultado, el Tribunal Penal Federal declaró culpable a Falciani, nacido en Mónaco hace 46 años, en noviembre de 2015; en mayo de 2016 la condena en rebeldía adquirió firmeza y «adquirió el mismo rango/validez que una orden europea de detención»; el 24 de febrero de 2017 la Fiscalía de Ginebra reclamó a la Oficina Federal de Justicia incluir en su base de datos la citada OID y el 3 de mayo siguiente se inscribe a Falciani en el sistema de información Sirene y se da traslado a 27 países.

¿Por qué Interior no actuó entonces contra este colaborador activo de Hacienda y de Anticorrupción, con domicilio permanente en España y a quien la Audiencia Nacional ya denegó su extradición a Suiza en 2013? ¿Ha influido la presencia en Ginebra de la procesada en rebeldía por el 'procés' Marta Rovira? Son preguntas en el aire porque la Policía conocía de sobra su localización, el historial colaborador o las resoluciones judiciales que avalaron su presencia en España y sus servicios para combatir la evasión fiscal mundial.

Pero lo más inmediato sucedió ayer en la Audiencia Nacional, cuyo juez Diego de Egea le dejó en libertad provisional mientras se tramita el proceso de extradición. Lo hizo bajo estrictas medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional, comparecencias semanales y prohibición de abandonar su localidad de residencia sin comunicarlo.

La resolución desoyó de la petición formulada por la Fiscalía de la Audiencia, que pidió al juez que enviara a prisión provisional sin fianza al exempleado del HSBC. El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo había alegado riesgo de fuga, aunque también dejó abierta la puerta a cautelares menos restrictivas. Una postura contraria a la que mantuvo la misma Fiscalía cuando se tramitó el anterior proceso de extradición.