Melchor Sáiz-Pardo
Barcelona
Jueves, 8 de agosto 2024
La sensación de «bochorno» por la reaparición y nueva fuga de Carles Puigdemont va 'in cresciendo' conforme pasan las horas entre los responsables de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como autonómicas. Este escándalo – «burla» en palabras de muchos de los agentes- por otra huida, ... esta vez delante de las narices de un despliegue enorme de Mossos d'Esquadra, está siendo vivida por muchos de los responsables policiales de Madrid y Barcelona como una «humillación». Una «ignominia en toda regla», que si bien no ha sido provocada por los responsables políticos de los tres cuerpos concernidos (Mossos, Policía y Guardia Civil), sí que ha sido fruto del desidia por cumplir una orden de busca y captura plenamente vigente de la más alta instancia judicial del país, el Tribunal Supremo.
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El daño reputacional a la imagen de los Mossos d'Esquadra tras la nueva huida de Carles Puigdemont es «enorme», tal y como reconocen en el cuerpo autonómico. Y por varias razones. La primera es que, además de ser la policía integral en Cataluña, este jueves los Mossos tenían en la zona desplegados más de quinientos efectivos, entre ellos muchos miembros de los servicios de información, que en principio tenían como único objetivo capturar al huido.
La segunda es porque, una vez más, en el otro bando, en el del prófugo de la justicia, había al menos dos agentes de la propia policía catalana (ambos ya detenidos), cuyo concurso fue indispensable para la «mofa» de Puigdemont, en la que el cuerpo autonómico ha salido muy mal parado.
Este jueves, no hubo paños calientes en el seno de la institución. El sindicato mayoritario de Mossos, Sap-Fepol, llegó a afirmar que el cuerpo ha hecho el «ridículo», al tiempo que exigió a los responsables del operativo una justificación de lo ocurrido. «En ningún caso podemos entender que todavía ni el Conseller de Interior ni el Director General de la Policía hayan salido ante la ciudadanía a dar todas y cada una de las explicaciones necesarias», insistieron desde el sindicato.
Sin duda la zona cero del huracán provocado por el regreso y nueva fuga de Puigdemont estuvo en los Mossos, pero el daño alcanzó también a las fuerzas de seguridad del Estado, que tenían sobre su mesa la misma orden de busca y captura nacional del Tribunal Supremo contra el líder de Junts. Y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen «plenas competencias» y efectivos para llevar a cabo un operativo que garantizarse la captura del huido, tanto antes de que subiera al escenario del acto de bienvenida oficial del Consell de la República (Puigdemont se dejó ver instantes antes andando en compañía de sus dos escoltas y el secretario general de Junts, Jordi Turull, por la cercana calle Trafalgar), como después si, como ha ocurrido, no encaminaba sus pasos hacia el Parlament para dejarse capturar.
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Pero, según revelan fuentes de la seguridad del Estado, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no dio ninguna instrucción a Policía o Guardia Civil para montar un operativo en los alrededores del Parlament, a pesar de que los organizadores del «denominado acto de recepción» al huido anunciaron públicamente todos los detalles del mismo a las 10:30 horas del miércoles, con tiempo suficiente para organizar un despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado.
El Ministerio del Interior, según estas mismas fuentes que se muestran desconcertadas tras la nueva «tomadura de pelo» de Puigdemont, se limitó a confiar al 100% la captura del huido a los Mossos d'Esquadra, que a su vez dieron por bueno un supuesto acuerdo tácito con Puigdemont (que su entorno niega de manera tajante), según el cual el huido se iba a 'entregar' en el control de entrada del Parlament, una vez concluyera su discurso ante los suyos.
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Es más. Según han confirmado diversas fuentes, ni Policía ni Guardia Civil ni CNI tienen, ni han tenido en los últimos meses, investigaciones en marcha para tratar de localizar al huido ni para anticiparse a sus pasos, por lo que difícilmente en el Ministerio del Interior iban a poder estar al tanto de que Carles Puigdemont tramaba un golpe de efecto como el perpetrado este jueves.
Un plan que, sin duda, tiene parte importante fuera de las fronteras nacionales, donde los Mossos no tienen ninguna capacidad de acción, pero sí las fuerzas de seguridad del Estado a través de la herramienta de cooperación policiales y sí el centro Nacional de Inteligencia que puede moverse en el extranjero y que tiene excelentes relaciones con los servicios secretos del resto de los países europeos.
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Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, para contentar a sus socios, sacó a partir de la edición de 2019 expresamente los seguimientos al independentismo de la directiva de seguridad nacional, que sirve como base de actuación para los servicios secretos.
Así las cosas –explican desde los servicios de Información de las fuerzas de seguridad- cuando Puigdemont se esfumó este jueves en los alrededores del Arco del Triunfo de Barcelona no había nadie en la zona, ni de los servicios policiales ni del CNI, para tratar de seguirle el rastro.
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El mayor sindicato del CNP, Jupol, reprochó al Ministerio del Interior que haya vuelto a cometer «los mismos errores» que en la gestión del referéndum ilegal de 2017 al confiar en Mossos d'Esquadra la detención del expresidente. Desde el Sindicato Unificado de Policía se tachó de «fracaso absolutamente monumental» el plan «fallido» de los Mossos d'Esquadra para detener al expresidente , al tiempo que reclamó que Policía Nacional y Guardia Civil «asuman el liderazgo de la operación» de búsqueda.
Las responsabilidades sobre esta fuga van a llegar en cualquier caso a los tribunales. La organización ultracatólica Hazte Oír anunció este jueves que va a denunciar por «omisión del deber de perseguir delitos» al president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al conseller del Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, al jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y al director general de la policía catalana, Pere Ferrer. Por su parte, el eurodiputado Alvise Pérez, líder de ' Se Acabó la Fiesta' registró una demanda ante los juzgados de Barcelona por los mismos hechos.
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