Las injurias al Rey y el ultraje a España vuelven a la bronca parlamentaria

En el caso de la inciativa de los populares, se trata de una de las primeras que los de Alberto Núñez Feijóo han registrado en la Cámara alta que controlan. Pese a que aún se desconoce cuando llegará al pleno, la hegemonía que atesora el PP permitirá que se tramite y se derive al Congreso para que este decida.

La propuesta plantea blindar por ley la defensa y protección de los símbolos oficiales como banderas, escudos, himnos o estandartes, tanto de España y la Corona como de las comunidades y ciudades autónomas y de las entidades locales en todo el territorio nacional.

Los populares plantean que la exhibición de símbolos partidistas o de símbolos oficiales fuera de su ámbito territorial, a excepción de las colocaciones ocasionales por cordialidad, pasen a considerarse infracciones muy graves; y que la inacción de las autoridades competentes cuando estos hechos se produzcan se considere como grave. Por su parte, el descuido o la negligencia hacia estas injurias se castigaría como una infracción leve.

En el caso de Sumar, su propuesta busca, por el contrario, despenalizar los delitos de injurias a la Corona y al Estado, los de ofensas o ultrajes a la patria y también sustituir el de enaltecimiento del terrorismo por un agravante contra vejaciones y humillaciones a las víctimas.

La medida, la primera que la coalición de izquierdas presenta en esta legislatura en la que debuta, tiene como objetivo secundario reactivar parte de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', que decayó hace unos meses en la fase de comisión parlamentaria, por divergencias en cuestiones como el uso de pelotas de goma, al no encontrar consenso entre los aliados que han sostenido a Sánchez.

Sumar considera que se deben despenalizar estos delitos para «evitar condenas a España» por parte de tribunales europeos e internacionales. Como ejemplo más reciente, el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago recordó el veredicto contra España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de un sindicalista gallego que en 2014 fue considerado autor de un delito de ultraje a la bandera.

Este debate llega, además, en un momento de especial polarización política evidenciada en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Durante los tres plenos en los que se ha desarrollado su intento de convertirse en presidente del Gobierno, varios grupos parlamentarios han puesto en tela de juicio el papel constitucional del Rey.

La diputada de Esquerra Teresa Jordá tildó a la Familia Real de «ladrones y corruptos» y acusó a Felipe VI de «tomar partido» en el asunto catalán. Y el socialista Óscar Puente afeó a Feijóo «utilizar y de forma desleal» al jefe del Estado para protagonizar una investidura inviable. Crítica que reiteró ayer el propio Sánchez.