Los informes forenses descartan tóxicos en el cuerpo de Gabriel y ratifican la asfixia mecánica

Así consta el sumario instruido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería cuyo secreto ha sido levantado parcialmente, lo que ha posibilitado el acceso a las partes sobre las actuaciones que, bajo las pruebas practicadas, descartan una posible relación entre la bolsa de ansiolíticos encontrada en el vehículo que conducía la autora confesa el día de su detención y el crimen, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

Igualmente, los análisis realizados sobre los restos de arena y lodo hallados sobre el cuerpo de menor, que fue encontrado envuelto en unas sábanas en el maletero donde Quezada los trasladaba hasta la Puebla de Vícar, a unos 75 kilómetros de distancia desde Rodalquilar, corroboran que los restos mortales de Gabriel habrían permanecido en todo momento enterrados en el mismo sitio y que el cuerpo no habría sido desplazado, según avanza también este jueves 'La Voz de Almería'.

La investigación, que acumula más de 1.500 folios en dos volúmenes y que está pendiente de la recepción de nuevas pruebas para esclarecer los presuntoS delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral de los que se acusa a Ana Julia Quezada, apunta así a que el pequeño habría fallecido dos horas después de comer, lo que su muerte se habría producido poco antes de las 17,00 horas del 27 de febrero tras salir de la casa de su abuela en la pedanía de Las Hortichuelas.

De esta manera, el cuerpo de Gabriel Cruz habría permanecido durante 12 días oculto en la misma finca, a la que la sospechosa regresó incluso el día antes de decidir trasladar el cuerpo y en la que también se llegó a buscar al menor mediante medios técnicos, aunque con la esperanza de encontrarlo con vida.

En su última comparecencia ante el juez el pasado lunes, previa al levantamiento del secreto sumarial, Ana Julia Quezada se negó a responder a las preguntas del instructor, quien se interesó por detalles sobre la presunta preparación del crimen, sentido en el que también se interesó por las cartas remitidas a un programa del televisión y al padre de Gabriel, en las que pide perdón y atribuye todo a un «accidente», así como otros aspectos relativos a los informes policiales sobre su actividad anterior al crimen.

La investigada permanece en el centro penitenciario de El Acebuche desde que se decretara su ingreso en prisión el pasado 15 de marzo, tras su segunda citación ante el juez, donde se mantiene interna en el módulo de mujeres sin que se le haya concedido el traslado a otras cárceles.

El magistrado Rafael Soriano sostiene que la sospechosa actuó bajo un «macabro plan criminal», de forma que tras su ejecución se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, toda vez que actuó supuestamente para tratar de «despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda» hasta encontrar el «momento» de poder «hacer desaparecer el cuerpo».

La investigación apunta a que Quezada «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño», al que se llevó «mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar». Así, «mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte», subraya el juez.

«Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad», remarca el juez. El instructor añade que Ana Julia, en algún momento, expresó su «voluntad» de dejar el cadáver en «un invernadero» en la zona de Retamar el día de su detención, en el que era seguida por varias dotaciones policiales que previamente habían colocado sistemas de escucha en el interior del coche.

El juez instructor considera que Ana Julia Quezada actuó guiada por «una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar» la comisión de su «macabro plan criminal». El magistrado Rafael Soriano destaca, asimismo, la existencia de «abrumadoras pruebas contra ella» y se refiere no solo «a que ella misma ha reconocido el luctuoso suceso» sino también a las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.