Tanto encaje de bolillos del Gobierno y el independentismo –retorcer la legalidad, según los críticos– para que la amnistía diera cobertura a Carles Puigdemont en la causa por terrorismo incoada contra él por el juez Manuel García Castellón para que, al final, un ... error del instructor de la Audiencia Nacional, al borde de la jubilación, haya finiquitado el 'caso Tsunami Democràtic' de la forma más inesperada.
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Un recurso de una de las investigadas poniendo en cuestión que la prórroga de las diligencias a partir del 29 de julio de 2021 estuviera en plazo y la anulación por la Sala de lo Penal de la Audiencia de todas las practicadas en los tres años transcurridos desde entonces dieron el lunes al traste con un sumario que había abierto a Puigdemont, aforado, su segunda imputación en el Supremo tras la que le persigue por el 'procés' desde que huyó a Waterloo. La paradoja es que los mismos esfuerzos del Ejecutivo y sus socios para que quedara exonerado del delito de malversar dinero público en el referéndum ilegal del 1-O se han topado con el 'no' del alto tribunal.
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Juristas ya alertaban en los prolegómenos de que se conociera el contenido de la proposición de ley de amnistía de que la ingeniería legal para tratar de taponar todos los potenciales resquicios de la norma ante juzgados y tribunales podía desembocar en efectos indeseados. La segundaparadoja es que lo más alejado de esa ingeniería –una equivocación humana– haya sido lo que haya terminado por salvar a Puigdemont de la acusación de terrorismo por dirigir supuestamente la plataforma secesionista, cuyas protestas contra la sentencia del 'procés' desembocaron en violencia callejera.
Que la causa reactivada por García Castellón el pasado noviembre, en plenas negociaciones del Gobierno con Junts para la investidura de Pedro Sánchez, suponía un pedrusco en el zapato de la ley quedó evidenciado el 30 de enero en el Congreso, cuando Junts tumbó la primera versión de la amnistía al cuestionar que Puigdemont quedara blindado. El Ejecutivo cedió con una nueva redacción en la que se suprime la referencia al Código Penal español y se exculpa el eventual terrorismo asociado al 'procés' salvo en los casos de muerte o tortura. La tercera paradoja es que el expresident ha acabado librándose por un error y los activistas de los CDR siguen corriendo el riesgo de no ser amnistiados.
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