El inédito choque entre poderes del Estado sitúa en el foco el discurso navideño del Rey

A las nueve de esta noche la ciudadanía de a pie, los responsables públicos y los cargos políticos se asomarán a la tradicional comparecencia navideña del Rey en un contexto de fuerte zozobra motivado, esta vez, por una erosión institucional en la que se entremezclan dos hechos en origen distantes -el bloqueo de la renovación del Poder Judicial y los pactos del Gobierno de Sánchez con los secesionistas catalanes y vascos- y que han desembocado en la inimaginable, hasta este lunes, suspensión por el Tribunal Constitucional de una votación en las Cortes Generales. El freno en el Senado a la reforma sobrevenida y exprés del Gobierno, con el objetivo de actualizar el TC y reorientarlo hacia una mayoría progresista, ha acabado siendo la espoleta de un estallido sin precedentes en democracia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con el engranaje de la normalizada convivencia entre instituciones seriamente resentido, con todos los puentes rotos entre los dos grandes partidos sobre los que ha pivotado la dirección del país desde la Transición y en puertas de un crudo ciclo electoral, las miradas giran hoy hacia una Zarzuela que se mantiene en su hermetismo habitual sobre el contenido del discurso de Felipe VI, del que la Casa Real tiene al corriente a la Moncloa. El Gobierno lleva un par de días sorteando el interés sobre la alocución del jefe del Estado en un momento político que interpela tanto al PSOE como al PP; y no aventura si la intervención de esta noche incluirá una suerte de llamamiento a la moderación, más allá de las apelaciones al valor de la Constitución como cimiento de la convivencia que ha venido trufando la felicitación navideña a los españoles.

Bajo el paraguas de la discreción se guareció ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien se limitó a constatar que el gabinete seguirá con «muchísima atención» las palabras de Felipe VI. Al tiempo, eludió evaluar si debe hacer referencia o no a la colisión institucional y transmitió el «máximo respeto» hacia la Monarquía y hacia quien la encarna.

«El Rey difícilmente nos va a incomodar a nosotros», van un poco más allá en el PP, que no espera que Felipe VI «vaya a marcar el camino a nadie». Sí aguardan los populares un discurso «inspirador» alentado por la preservación de la «concordia», con el que el jefe del Estado estará «a la altura, como lo ha estado siempre», de las expectativas de la sociedad a la que se dirige. La contención de los dos grandes partidos contrastó con la crítica frontal de la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, quien despoja al Rey de cualquier «legitimidad democrática» para posicionarse sobre la, a su juicio, «injerencia del TC en el Poder Legislativo».

La aluminosis infiltrada en el andamiaje constitucional y el riesgo de descrédito de los poderes que lo sustentan han reavivado esta convulsa semana el debate recurrente sobre si la Carta Magna faculta al Rey para actuar y hasta dónde. O dicho de otra forma: qué margen le proporciona el artículo 56 de la ley de leyes cuando dice de él que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones del Estado». Lo tiene, vienen a coincidir el expresidente del Senado Juan José Laborda y el catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren, muy preocupados ambos por la deriva ante la que se encuentra el país. Pero el español es un Rey que «reina pero no gobierna», y eso restringe lo que puede hacer.

«Felipe VI cuenta con la ventaja de ser un jefe de Estado que no tiene el riesgo de caer en el populismo, porque la nuestra es una Constitución de consenso. Y cuando el Rey la invoca, invoca por tanto la moderación», sostiene el socialista Laborda. Para López Basaguren, el monarca tiene ante sí esta noche una tarea complejísima: la de «decir sin decir». «Ha de ser capaz de trasladar, de una manera no explícita o directa pero permitiendo que la sociedad entienda a qué se refiere, una llamada de atención: no solo sobre que lo que está ocurriendo no está bien, sino que es preciso rectificarlo», argumenta el catedrático, quien cree, no obstante, que lo verdaderamente «grave» sería que los actores institucionales no atendieran «la 'auctoritas'» que pueda estar desplegando el Rey privadamente.