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La industria de defensa demanda un pacto de Estado que afiance su potencial exportador
Gasto militar

La industria de defensa demanda un pacto de Estado que afiance su potencial exportador

La patronal del sector en España, octavo país vendedor del mundo con una facturación de 13.900 millones de euros, pide un acuerdo «amplio y duradero» en pleno debate sobre el gasto militar

Mateo Balín

Madrid

Domingo, 16 de marzo 2025, 00:48

La industria de defensa española asiste expectante al debate político abierto para incrementar el gasto militar tras la irrupción de la segunda Administración de Donald Trump en Estados Unidos. Los sectores involucrados, cuya facturación se elevó a 13.900 millones en 2023 –un 15% más–, consideran que el país se encuentra ante un momento único para fraguar un pacto de Estado entre las principales fuerzas parlamentarias y en referencia sobre todo a PSOE y PP, cuyos líderes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se reunieron el jueves en La Moncloa para encarar la coyuntura internacional aunque sin ningún avance. Las empresas especializadas confían en un gran acuerdo que orille la polarización ideológica imperante, aparque los intereses partidistas a corto plazo y permita construir un marco definido de inversión pública en los próximos años.

Un espaldarazo, en suma, a la consolidación de España como octavo exportador mundial de armamento (cuarto en Europa), con un 2,7% de volumen total frente al 4,3% de Italia, el 11% de Francia o el 42% de Estados Unidos. Una inyección económica que refuerce una actividad altamente cualificada, que genera 121.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, según un informe del Grupo Metalia para Infodefensa, a través de 550 empresas. Este dato se repite como un mantra en el sector para avalar su potencial: por cada euro gastado retornan entre 2,1 y 2,3 en productividad y empleo.

«La inversión en defensa no puede ser una respuesta coyuntural ni un reflejo de la urgencia del momento. Debe asentarse sobre una visión que otorgue estabilidad, continuidad y previsibilidad al compromiso presupuestario. Solo desde un acuerdo de Estado amplio y duradero podrá avanzarse hacia una política sólida y eficiente. Porque la seguridad de un país no puede construirse en ciclos de cuatro años», señala César Ramos, director general de Tedae, la patronal que agrupa a 85 tecnológicas españolas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio.

Este consorcio formado por compañías mayoritariamente privadas, y en el que también participa el gigante público Navantia o una empresa de inversión estatal como Indra, exhibe músculo en un momento capital para sus intereses. Una situación dominada por el debate político sobre el rearme y la necesidad de que España alcance una inversión del 2% del PIB nacional antes de 2029, el compromiso con la OTAN que Sánchez ya ha anunciado que va a adelantar. En cifras, en cuatro años deberá duplicar los más de 17.000 millones que el Ministerio de Defensa desembolsó en 2024.

Para ello, el Consejo Europeo reunido de urgencia el pasado 6 de marzo en respaldo a Ucrania tomó la decisión de no computar este incremento de gasto en las reglas fiscales para controlar las deudas públicas nacionales. De lo contrario, la imposibilidad del Gobierno para aprobar unos Presupuestos Generales, que llevan prorrogados desde 2023, actuaría como un muro para incrementar las partidas en Defensa, que se han ido parcheando con créditos extraordinarios y fondos de otros ministerios como Industria.

«Cambio de paradigma»

Pero el nuevo horizonte inversor no solo estará orientado al gasto armamentístico o a engordar los programas que ya están en marcha para modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas, caso de los blindados VAC y 8X8, los buques S-80 y la fragata F-110 o los aviones de combate Eurofighter y el de transporte A400M. El sector espera absorber la mayor parte de dinero público y paliar dos déficits que son, en esencia, los mismos que afectan a todo el gremio en Europa: la dependencia de la cadena de producción y la fragmentación territorial.

Desde el ministerio que dirige Margarita Robles ya han salido varios avisos públicos al sector en los últimos tiempos para que asuma un mayor compromiso en el contexto actual. «Es necesario un cambio de paradigma. La industria tiene que evolucionar del concepto actual de cadena de valor y suministro hacia un modelo más ágil y eficiente para responder a las necesidades operativas», expresó de forma reciente la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

Es decir, el mensaje es que habrá más dinero para las empresas privadas (el 80% del tejido nacional son pymes de menos de 250 empleados), pero se deberá gastar mejor y de manera más eficiente pensando también en la vertebración territorial. Un desafío que se ha visto en parte beneficiado por la inercia generada por la guerra en Ucrania, cuando el aumento de la demanda desde 2022 obligó a acelerar las cadenas de producción.

En cualquier caso, este nuevo contexto político eleva los retos a otra dimensión y exige, según explican en la patronal Tedae, consolidar la colaboración público-privada. Estas compañías han logrado alcanzar una alta calidad de productos muy apreciada en los mercados globales, ya sea en equipamiento militar, infraestructuras inteligentes, tecnologías y sistemas avanzados hasta productos completos de grandes empresas. Este es el caso de Navantia (construcción de fragatas o submarinos); Airbus (aviones, helicópteros o elementos de aeronáutica); Santa Bárbara Sistemas, perteneciente el gigante estadounidense General Dynamics (vehículos blindados); o Expal, del grupo alemán Rheinmetall AG (munición y cohetes).

«La clave para mantener la competitividad en un sector tan dinámico y exigente como el de la Defensa está en reforzar el ecosistema de innovación. El incremento de la inversión debe traducirse en una apuesta decidida por la I+D+I, que es el motor esencial del liderazgo industrial y tecnológico. Para ello, es fundamental disponer de un marco de estabilidad normativa y financiera que permita a las empresas planificar a largo plazo», abunda César Ramos, que emplaza a fomentar mecanismos de cooperación entre grandes compañías, pymes y centros tecnológicos para consolidar «una base industrial robusta, tecnológicamente avanzada y sostenida en la innovación».

Solo en investigación y desarrollo, las empresas del sector generaron una inversión directa e indirecta de 2.403 millones en 2023, equivalente al 27% del total de la industria nacional, según recoge un informe de la consultora PwC para Tedae.

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