El independentismo trata de evitar que su división se traslade al juicio por el 1-O

Son una docena de procesados y cada uno lleva su propia estrategia. No solo jurídica, sino también política. Algunos son aún dirigentes de primera línea, como Junqueras, Jordi Sànchez o Jordi Turull, y aprovecharán el altavoz de la vista con retransmisiones televisivas en directo para lanzar alegatos políticos y hacer campaña de cara a las municipales y europeas de mayo.

La primera gran discrepancia entre las defensas, de hecho, está en quienes defienden que se trata de un juicio político y quienes pretenden limitarse a hacer una propuesta meramente técnica. «Esquerra afronta esta causa como un juicio político y como tal tenemos la oportunidad de poner la verdad sobre la mesa y acusar al Estado delante del mundo», explica la formación republicana. «Este proceso en realidad de lo que trata es de poner en tela de juicio a la democracia española», según las tesis de los dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat). «Estamos ante una venganza, ante un juicio a la democracia», remata ERC.

La formación republicana afronta el juicio como una campaña electoral y pondrá toda su maquinaria logística para hacer el seguimiento de la causa. Así, ERC ha diseñado una estrategia política y comunicativa para afrontar la vista. El pistoletazo de salida lo dará el propio presidente del partido, Oriol Junqueras, con una «conferencia política» el 29 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El partido también tiene previsto convocar actos por ciudades de toda España para explicar «las mentiras del poder judicial y en definitiva del Estado». JxCat se reúne mañana y pasado en Bruselas y de ahí saldrá su estrategia para el juicio.

Algunos letrados se han desmarcado de la etiqueta de proceso político y de una estrategia de defensa conjunta. Se juegan muchos años de cárcel y hay quien prefiere mirar por sí mismo y su futuro. Es el caso de Carme Forcadell, que se enfrenta a 17 años de prisión, según la petición de la Fiscalía. La expresidenta de la ANC se ha desvinculado de toda la organización del 1-O.

El exconsejero Santi Vila, por su parte, afirma que siempre estuvo en contra de la vía unilateral, esgrime que dimitió antes de la declaración de independencia y que no ostentó el cargo de diputado, por lo que se mantuvo ajeno a la aprobación de las leyes de la ruptura. Quien más ha hecho evidente que una vez que empiece el juicio puede que ya no haya una estrategia común es Joaquim Forn, que como exconsejero de Interior se enfrenta a 16 años de prisión. Su abogado, Xavier Melero, defendió el prestigio del Tribunal Supremo, en contra de la tesis de buena parte de las defensas que ataca con todo contra la justicia española, y responsabilizó a Marta Rovira y su fuga un día antes de declarar ante el juez Llarena de que nueve de los doce procesados que dieron la cara ante el magistrado permanezcan en prisión preventiva.

Fuentes de la defensa de Junqueras niegan que exista el riesgo de que el juicio acabe convirtiéndose en un sálvese quien pueda, como ocurrió en otra macrocausa como fue la del Palau de la Música. A su juicio hay «convergencia de intereses», por lo que descartan el conocido «dilema del prisionero», figura según la cual la estrategia de unos puede perjudicar a los demás.

En cualquier caso, los acusados coinciden en sus escritos en que no hubo violencia que ampare la causa por rebelión y denuncian que el Estado ha vulnerado todos sus derechos para «escarmentar» a los independentistas y garantizar la unidad de España. «Sin violencia no hay delito y convocar y organizar un referéndum no es ningún delito», según defiende el equipo jurídico de Junqueras y Romeva.

«No es cierto que los acusados organizaran actos de violencia, sino que los altercados que se produjeron se explican fundamentalmente por decisiones del Gobierno español, que ordenó a la policía cargar contra personas indefensas yendo incluso más allá de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», según los escritos de Turull, Sànchez y Rull. El abogado de los tres asegura que irán al Supremo a «luchar» y a demostrar que no cometieron ningún delito al «obedecer la voluntad popular» del 1-O: «No se avergüenzan de nada de lo que han hecho», mantiene.