El independentismo presiona con una ley de amnistía

Los independentistas habían incluso amenazado con aprobar esa ley en la Cámara catalana, aun sin contar con las competencias para ello, pero al máximo consenso al que han llegado ha sido a una moción conjunta, que saldrá adelante con la mayoría absoluta independentista y que podría también contar con el apoyo de los comunes.

El secesionismo no solo lanza un mensaje interno de unidad, sino que también presiona al Gobierno central, en un momento en que está sobre la mesa la tramitación de los indultos, cuya resolución apunta a que no será tan inmediata como se insinuó en un primer momento y PSOE y Podemos muestran sus diferencias sobre cuándo y cómo reformar el delito de sedición, que podría beneficiar a los presos del 'procés'. El Supremo pidió este miércoles a la Fiscalía que elabore su informe sobre los indultos.

El secesionismo, tal y como señaló la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, es consciente de que una ley de amnistía es inviable en estos momentos. El PSOE, de hecho, insistió en que no tiene cabida en la Constitución. Pero es su forma de apretar al Gobierno central con todo lo que tiene que ver con los presos. El vicepresidente Pere Aragonès urgió en una entrevista en 'Naciodigital' al Gobierno a mover ficha en relación a la reforma del Código Penal. «No hemos visto la letra ni hay ninguna propuesta sobre la mesa ni nada escrito», lamentó. El dirigente republicano, en cualquier caso, señaló que ERC no se opondrá a ninguna medida que beneficie a los presos. El propio Jaume Asens, presidente del grupo Unidas Podemos en el Congreso e impulsor de las medidas de gracia para los presos, lamentó que ha perdido la paciencia con el Ejecutivo, pues a su juicio los indultos se están tramitando «demasiado lentamente» y la reforma del Código Penal se está retrasando para después de las elecciones porque el PSC quiere recuperar parte del voto de Ciudadanos.

La ley de amnistía debería implicar, según la propuesta de los grupos secesionistas, la «extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, para todos los actos vinculados a la lucha por la autodeterminación desde 2013». Por tanto, todos los delitos vinculados a la consulta del 9-N de 2014 o al referéndum ilegal deI 1 de octubre de 2017. Además, la resolución, que será aprobada pues JxCat, ERC y la CUP suman la mayoría absoluta, afirma que la amnistía debe ir acompañada por parte del Gobierno del reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña.