El independentismo se pone a punto para la respuesta a la sentencia del 'procés'

Un ensayo general en la calle, en la Cámara catalana y en el Palau de la Generalitat (con el quita y pon de las pancartas), que tendrá su continuidad el martes en el segundo aniversario del 1-O y que trata de avivar la movilización y situar a la política catalana en el escenario fijado por Carles Puigdemont y Quim Torra de «confrontación» contra el Estado como respuesta a la sentencia. Lo dijo la CUP. «Para nosotros, la respuesta a la sentencia empieza hoy», señalaron los anticapitalistas mientras abandonaban el pleno del jueves pasado. Las resoluciones aprobadas por JxCat, ERC y la CUP iban en la línea de fijar la hoja de ruta para el otoño caliente. Por un lado, los secesionistas defendieron la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados», reivindicaron el 1-O como un «referéndum legítimo y legal», exigieron la «retirada» de la Guardia Civil de Cataluña y plantearon una respuesta institucional a la sentencia del 'procés' que pase por el «ejercicio del derecho a la autodeterminación» y por reclamar una «amnistía».

Habrá una doble respuesta. En la calle, en forma de movilizaciones, y la institucional, que está por ver qué forma acaba tomando. Desobediencia institucional puede ser una nueva huelga de país como la del 3-O de 2017, que contó con el apoyo de la Generalitat. Fuentes de la dirección de Esquerra, que negocian con JxCat, la CUP y las entidades secesionistas una respuesta unitaria, descartan de forma categórica una nueva declaración unilateral de independencia. Según apuntan en la cúpula republicana, se trabaja con el escenario de una respuesta acorde con la trascedencia de la sentencia, pero con la premisa de que no se debe cruzar la línea roja de legalidad que obligue al Gobierno a aplicar un nuevo 155.

El Ejecutivo central ya ha avisado de que no le temblará el pulso si tiene que activar de nuevo la intervención de la autonomía y en el independentismo se tiene asumido que uno de los grandes errores de octubre de 2017 fue perder el control del autogobierno.

ERC intenta enterrar la vía unilateral. Pero Torra, apuntan fuentes secesionistas, es toda una incógnita, porque «va por libre» y «no tiene miedo a ser encarcelado». El 18 de noviembre será juzgado y podría ser inhabilitado, por lo que su ciclo político se antoja corto. Busca además su «moméntum» (el término es suyo) con el que no ser menos que sus dos antecesores, Mas (9-N) y Puigdemont (1-O y 27-O). La cuestión es si le seguirá el resto del movimiento independentista y si Esquerra será capaz de frenarle.

La imagen del vicepresidente Pere Aragonès, callado y sin aplaudir, mientras Quim Torra, buena parte de su gobierno y las bancadas de JxCat y ERC jaleaban gritando «libertad, libertad» por los CDR encarcelados por terrorismo fue un reflejo de lo que se cuece en el Govern. La consejera de Justicia, Ester Capella, de ERC, tampoco aplaudió. El titular de Interior, Miquel Buch, procedente de la antigua CDC, tampoco. Sabe lo que se le viene encima en forma de protestas, pues ya nadie controla la calle. Hace un año, por ejemplo, activistas de los CDR intentaron asaltar a las bravas el Parlament. Ahora llaman al bloqueo de las infraestructuras básicas, como el aeropuerto o las vías del AVE. Las posiciones en el entorno presidencial son de todo menos coincidentes. Están quienes piden calma y advierten de que no hay que dejarse llevar por el clima de indignación y que está Torra insistiendo en la «confrontación».