Aragonès eleva el tono tras el «ataque» del Tribunal de Cuentas

La resolución del Tribunal de Cuentas, que pone en marcha el proceso de embargo a una treintena de dirigentes independentistas tras rechazar que sea el Govern quien avale con fondos públicos una fianza millonaria, ha cogido a las fuerzas soberanistas en plena negociación de los Presupuestos con la Moncloa y en los contactos para la preparación del próximo encuentro de la mesa de diálogo.

Los republicanos trataron de aislar lo que calificaron como un acto de «venganza» por parte del órgano fiscalizador de las conversaciones con el PSOE. Ninguno de los dirigentes republicanos que participó en la ofrenda floral a Companys (que contó también con representantes de PSC, ERC, Junts, Comunes, CUP y el PDeCAT) se refirió a las negociaciones con el Gobierno. Sí lo hizo la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, que defendió en una entrevista en TVE aislar la mesa de diálogo de la decisión del Tribunal de Cuentas. «Tenemos que ser capaces de abstraernos –afirmó– de los momentos judiciales para avanzar en la mesa».

Aragonès, en cualquier caso, aseguró que es el «momento de combatir este nuevo ataque con todos los recursos legales, con la máxima solidaridad colectiva, pero también con la máxima ambición nacional». Y reclamó de nuevo la necesidad de una ley de amnistía que ponga fin «a toda la represión» y presionó a Sánchez para que de la mesa salga un referéndum de autodeterminación con reconocimiento internacional. El presidente de la Generalitat y los líderes secesionistas llevan meses calificando al Tribunal de Cuentas como un órgano político en manos del PP, que actúa por «venganza y voluntad de represión», «prescindiendo de cualquier criterio jurídico y marcado por criterios políticos e ideológicos», según Aragonès.

Por ello, ERC presiona a Sánchez con el cambio en la composición del tribunal fiscalizador, que negocia ya con los populares. En una batería de preguntas del grupo republicano registrada en el Congreso, los de Aragonès instan al Gobierno a que adopte medidas y le cuestionan si cree que la «neutralidad política o la imparcialidad del ente están en entredicho por la evidente filiación política de algunos de sus miembros y en particular de aquellos relacionados con las elites del postfranquismo y la derecha española».

Entre los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, según destaca la formación independentista, está Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, y la exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante. Dos consejeros «significados» a ojos de los soberanistas como para garantizar su neutralidad.

Esquerra, según avanzó 'El Confidencial', confía en que con la renovación del Tribunal de Cuentas, pueda reconducir la causa contra la treintena de investigados del 'procés', que corren el riesgo de ser embargados. La cuestión va para largo, toda vez que los afectados pueden recurrir la decisión del organismo y la resolución de esta impugnación ya la adoptarían los nuevos consejeros.

Los independentistas, no obstante, estudian fórmulas para intentar frenar el embargo de sus cuentas, a través de fianzas garantizadas con inmuebles de ERC o a través de una nueva llamada a la caja de solidaridad.