El independentismo catalán, dividido ante las consecuencias del procesamiento de Borràs

El 'caso Laura Borràs' vuelve a poner a prueba al independentismo. Si el juez sienta en el banquillo a la presidenta del Parlament por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude, como todo indica que pasará en las próximas semanas, Esquerra y Junts tendrán que decidir si aplican literalmente el reglamento de la Cámara catalana y cesan a la dirigente nacionalista de su cargo al frente de la Cámara o buscan alguna artimaña para mantenerla en su puesto en aras de preservar la maltrecha cohesión en el Govern.

Borràs, a través de su abogado Gonzalo Boye, trata de ganar tiempo y de dilatar el proceso judicial para que su procesamiento no sea inmediato. Ha pedido al juez que la juzgue un tribunal popular y que antes de enviarla a juicio plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la exclusión del delito de prevaricación de los juicios con jurado popular. La Fiscalía tiene una semana para presentar el escrito de acusación: Borràs está acusada de fraccionar contratos por valor de más de 300.000 euros para beneficiar a un amigo durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), organismo de la Generalitat. Según el auto del juez instructor, «abusó» de las funciones que tenía reconocidas, «dictando resoluciones injustas, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos públicos». «Ha quedado indiciariamente acreditado un perjuicio a los caudales públicos», señala.

De momento, todas las partes guardan sus cartas, aunque empiezan a enviar señales. El secretario general de Junts, Jordi Turull, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se reunieron el jueves pasado en Ginebra para «tejer una estrategia compartida que fortalezca el independentismo». El 'caso Borràs' es una patata muy caliente. Esquerra, molesta con Junts porque sigue sin aceptar la mesa de diálogo, ya ha dejado caer que si Borràs fuera republicana ya habría sido cesada, aunque en este caso instan a la presidenta postconvergente a aclarar cuáles son sus planes y que diga qué tiene pensado hacer.

El entorno de la presidenta del Parlament lleva meses advirtiendo de que defenderá el cargo con uñas y dientes y de que si cae ella se acabará la legislatura catalana. Borràs, como ya hizo Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, defiende que es víctima de la «represión» del Estado y de una «persecución» política y que por tanto no se puede hablar de un caso de corrupción y en consecuencia no es aplicable el artículo del reglamento de la Cámara catalana.

Hace unos meses, Borràs, presidenta de Junts, creía que contaba con el apoyo mayoritario de las bases de su partido. Pero en el congreso celebrado el pasado mes de junio sufrió un fuerte revés frente a Jordi Turull, secretario general y líder del alma exconvergente. Este sector, más pragmático, defiende la permanencia del partido en el Govern de Aragonès. Al menos hasta las municipales. A diferencia de los más unilateralistas, que abogan por partir peras –pues entienden que el Govern no da pasos hacia la independencia–, más aún si ERC no cierra filas con la presidenta del Parlament y permite su destitución.

La formación postconvergente está dividida y el próximo 16 de julio celebrará la segunda vuelta del congreso, donde debe fijar su hoja de ruta independentista y decidir si somete a la militancia la posibilidad de abandonar el gobierno catalán. El congreso se celebrará dos días después de que el abogado general de la UE dé su opinión sobre la euroorden a Puigdemont. El entorno del expresidente lleva meses alimentando su posible regreso en función de lo que decida el TJUE.