Puigdemont amenaza con votar la declaración de independencia

“Si el Gobierno persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament podrá proceder, si lo estoma oportuno, a votar la declaración formal de la indepedencia que no votó el día 10 octubre”. Puigdemont ha advertido pero al mismo tiempo ha reconocido que para que haya declaración de la independencia tiene que haber votación parlamentaria. No hay reconocimiento explícito, sí implícito. El presidente de la Generalitat trata de ganar tiempo una vez más y de traspasarle toda la presión a Rajoy. “La suspensión de los efectos del mandato popular del referéndum sigue vigente”, afirma en la carta.

Según Puigdemont, “la decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado”. “Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar”, le critica. Y como el lunes pasado, el jefe del Ejecutivo catalán le recuerda al presidente del Gobierno que dejó en suspenso la declaración de independencia para “propiciar el diálogo”. “Le propuse una reunión que todavía no ha sido atendida”, asegura. También le recrimina que no haya “revertido la represión”. “Al contrario, señala, se ha incrementado y comportado la entrada en prisión del presidente de Ómnium y el presidente de la ANC”.

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han estudiado hoy la posibilidad de que la declaración de independencia de Cataluña sea aprobada por el Parlament en el debate de política general o bien en un pleno monográfico, porque ambos tipos permiten proponer una resolución sin alterar el orden del día.

JxSí y la CUP han mantenido esta mañana en el Parlament una larga reunión, de aproximadamente cuatro horas aunque con varias interrupciones, en el transcurso de la cual han abordado el tipo de pleno más "adecuado" para proceder al debate y votación de la declaración de independencia.

Aunque no tenían grandes esperanzas el Gobierno y PSOE hicieron ayer un último esfuerzo para convencer al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de que existe una forma fácil y sencilla para reconducir la situación y evitar que, por primera vez en democracia, se aplique el artículo 155 de la Constitución: la convocatoria de elecciones autonómicas. Ni siquiera tiene por qué anunciarlas hoy.

Aún así, puede pasar todavía otra semana antes de que el Senado dé el visto bueno a las medidas que proponga aplicar para restituir la legalidad en Cataluña. Así que lo que pusieron en manos del presidente de la Generalitat el Gobierno y Pedro Sánchez (que compareció en una rueda de prensa en Bruselas) fue un freno de emergencia que podría ser activado ya o más adelante.

El secretario general del PSOE afirmó incluso que lo mismo da el ‘apellido’ que las fuerzas independentistas quieran poner a esa hipotética cita con las urnas. Esa cuestión es clave porque la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada por los secesionistas el 7 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional al día siguiente, contempla la celebración de unas «elecciones constituyentes» seis meses después del referéndum. Y así como unas autonómicas son vistas por los secesionistas como una «rendición», las otras les permitirían mantener su discurso.

A juicio del líder de los socialistas y de parte del Gobierno, sería siempre un discurso ficticio porque, a diferencia de otras comunidades autónomas, Cataluña nunca ha aprobado una ley electoral propia y sus procesos se rigen por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De modo que, las llame como las llame, Puigdemont estaría convocando unas elecciones al Parlament conforme a la legalidad vigente; como hizo Artur Mas en 2015 con sus «plebiscitarias».

Algunas fuentes del Ejecutivo advierten, sin embargo, de que las cosas no son tan sencillas. No niegan que unos comicios pueden frenar el 155 pero matizan que todo dependerá de lo lejos que esté dispuesto a llevar Puigdemont su desafío.

El ‘caramelo’ gubernamental, en todo caso, no parece seducir demasiado a la Generalitat. Al menos, de momento. El consejero de Exteriores, Raül Romeva, aseguró a media mañana de ayer que los comicios «no son una opción» para su Gobierno y que no habrá renuncia a la independencia. «La gente ha votado y tenemos que implementar su mandato», insistió también desde la capital comunitaria.

En esta tesitura, todo apunta a que Mariano Rajoy tendrá que hacer frente al vértigo que le produce intervenir la autonomía catalana y adentrarse en un terreno inexplorado por cualquier otro presidente del Gobierno español. Lo hará de la mano de Sánchez -con el que ya se reunió el martes por la tarde- y de Albert Rivera -al que recibió ayer-, pero eso no hace el trago más agradable. Lo evidenció durante la sesión de control al Gobierno al dirigirse al coordinador parlamentario del PDeCAT, Jordi Xuclá. «Deberían hacer un esfuerzo para convencer al señor Puigdemont de que no cree más problemas, si no van a obligar al Gobierno a tomar decisiones que, sin duda -admitió-, sería mejor no tomar nunca».

En el Ejecutivo y en el PSOE saben que aplicar el artículo 155 no será fácil, ni siquiera si se hace de forma limitada. Rajoy y Sánchez quieren evitar que cuaje la idea de que se suspende la autonomía pero distintas fuentes admiten que, como mínimo, habrá que hacerse con el control de la seguridad y de las finanzas. Porque aunque el presupuesto ya está intervenido aún cabe poner bajo la órbita de Cristóbal Montoro la recaudación y los organismos autónomos de la Generalitat.

Existe, además, debate sobre el papel que puede jugar el Parlament, con su mayoría secesionista. Unos sostienen que quedará sin apenas margen para la iniciativa política y legislativa y otros que buscará la desestabilización de la autoridad competente. Pero de lo que nadie duda es de que las calles volverán a calentarse. El reto está en evitar que lo que ocurra lleve a una lectura negativa de la comunidad internacional, como ocurrió el 1 de octubre.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez también han unido sus fuerzas en esto y de ahí su empeño en no faltar, respectivamente, al Consejo Europeo y a la reunión de líderes progresistas en Bruselas. El líder socialista ya preparó ayer el terreno. «El PSOE va a defender siempre una respuesta homologable a la de otros países europeos. Cualquiera de ellos, en una crisis semejante -aseguró- aplicaría el 155».